La Fiscalía de Castelló resolverá su investigación penal por los terremotos de la plataforma Castor sin esperar los nuevos informes internacionales que solicitó el Ministerio de Industria y que le han permitido aplazar su decisión sobre el cierre definitivo o la reapertura del almacén de gas, clausurado desde septiembre por la inducción de 540 terremotos, según confirmaron fuentes del ministerio fiscal. De este modo, a diferencia del ministerio, la Fiscalía sí considera válidos (sin la necesidad de más estudios internacionales) los informes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Instituto Geográfico Nacional (IGNE), que confirman la relación causa-efecto de los 540 seísmos registrados en Vinaròs con la inyección de gas del Castor.
La Fiscalía prevé da por concluidas las diligencias penales de investigación en julio -en plena convulsión por la renuncia de Escal UGS a la concesión- y concluir si finalmente acusa por delito ambiental a la empresa concesionaria del proyecto Castor (Escal UGS) y a altos cargos del Gobierno que autorizaron el almacén.
Nueve meses de investigación
La investigación de la Fiscalía ha estado buscando al detalle durante 9 meses las posibles responsabilidades penales y, de hecho, ya ha prorrogado en una ocasión el plazo de resolución para poder investigar más a fondo si se confirman indicios de delito ambiental.
La gran cuestión es dilucidar si se incurrió en delito durante el proceso de tramitación, aprobación o puesta en marcha del almacén de gas subterráneo, situado a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs y a 1.700 metros de profundidad bajo el fondo marino.
Las investigaciones se centran en dos aspectos diferenciados. El primero se enfoca en todo lo relativo al proceso de tramitación y autorización de la concesión y puesta en marcha de la plataforma Castor, incluida la declaración de impacto ambiental. El objetivo es comprobar si se cumplieron todos los requisitos legales y se evaluó de forma real y efectiva el riesgo de impacto ambiental y de seísmos, exigiendo todos los informes necesarios tanto por parte del ministerio como de la empresa concesionaria.
El segundo ámbito de la investigación se centra en analizar si Escal y el ministerio cumplieron la aplicación de dicha autorización y actuaron correctamente durante la inyección de gas.
El informe del Instituto Geológico y Minero de España sobre los terremotos del Castor no sólo confirma que fue la inyección de gas de la plataforma la que provocó los 540 terremotos registrados en Vinaròs, sino que además pone en cuestión la ubicación del almacén submarino y advierte que no se verificó correctamente la aptitud de la estructura del antiguo yacimiento petrolífero para soportar «riesgos geomecánicos y fugas en la inyección».
Importantes errores de cálculo
Según el IGME, «hay importantes carencias», el cálculo de las tensiones «no representa adecuadamente la historia del material» y las simulaciones de la empresa Escal «no han contemplado todos los escenarios y fugas más allá de la vecindad de la falla de Amposta», de cuya existencia la concesionaria sí era conocedora. Asimismo, el estudio pone en duda que los márgenes de seguridad de la presión en la inyección de gas fueran los adecuados para garantizar la estabilidad del viejo yacimiento petrolífero abandonado por la multinacional Shell.
Este supuesto error en los cálculos y la falta de ciertos estudios previos sobre peligrosidad sísmica y riesgos del almacén -que según el IGME hubieran sido necesarios- abre una incierta ventana al Ministerio de Industria para buscar posibles responsabilidades y evitar el pago de la indemnización de 1.700 millones de euros pactada con la empresa concesionaria propiedad de Florentino Pérez (Escal UGS).
Además, el informe (fechado en diciembre de 2013 y silenciado por el Gobierno durante 6 meses) revela que el almacén de gas se ubicó sobre una zona con al menos 11 fallas tectónicas activas, de las cuales 10 eran conocidas por la firma adjudicataria. La falla número 11, que los técnicos del IGME han bautizado como «Falla Castor», no había sido cartografiada en los estudios previos a la instalación y se ubica justo en el almacén donde se inyectó gas a alta presión, circunstancia que desató un episodio de seísmos sin precedentes con magnitudes de hasta 4,2 grados en la escala de Richter. Según los datos del instituto, esta fractura de la corteza terrestre -que los estudios para pedir la autorización no advirtieron- sería el límite oriental del almacén subterráneo.
El IGME también advierte que se desconoce si existen otras fallas que pudieran ser activadas y confirma que los terremotos no fueron consecuencia de una única falla, sino de una «interacción dinámica» entre ellas, lo cual hace que los posibles riesgos sean todavía más impredecibles. A este respecto, hace hincapié en que la «sismicidad disparada» (los terremotos superiores a 3 grados provocados por los primeros seísmos inducidos) «parece indicar la existencia en el entorno de fallas que pueden ser actividas, originando sismos de mayor magnitud que los esperables en relación exclusivamente con la sismicidad inducida».
