Muchas de ellas estuvieron escondidas en un cajón de cualquiera de las empresas públicas que, llegado el colapso de la Generalitat, dejaron de pagar las facturas. Luego el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno sirvió para saldar decenas de miles. Algunas se comprometieron en su día sin que existiera consignación presupuestaria y, por tanto, al margen del circuito administrativo. De este modo, se asumieron obligaciones sin cumplir la normativa contractual y sin los controles adecuados de la Intervención. Ahora, fuera del cajón gracias a los préstamos del Estado, el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se ha comprometido también a sacarlas a la luz.
En el sector público, el crédito estatal taponó un agujero de 1.237 millones. De una tacada, el Ejecutivo desembolsó el dinero. Sin embargo, hasta ahora no estaba dispuesto a desvelar el detalle de las operaciones. Los socialistas, a través de su portavoz, Antonio Torres, reclamaron en las Corts el acceso a las facturas para identificar beneficiarios y conceptos abonados. ¿Se coló algún gasto tóxico para el Ejecutivo? ¿Aprovechó el Consell la ola del Plan de Pagos para saldar deudas con alguna firma bajo sospecha? Es lo que piensa el PSPV. Ante las exigencias socialistas, Moragues respondió con un cuadro donde únicamente se informa del número de facturas y proveedores. Sin embargo, se compromete a abrirle los cajones y mostrarle las facturas si quiere conocer más detalles. Un gesto de transparencia que Torres se ha apresurado a recoger. Hoy mismo pedirá cita en la conselleria.
En sendas resoluciones del 27 y 28 de diciembre de 2012, el Consell oficializó el abono, con cargo al Plan de Pago a Proveedores del Estado, de deudas del sector público por importe de 1.117,5 millones y del grupo RTVV, por otros 120. De la relación, Torres se fijó en varias entidades cuya gestión ha puesto en entredicho la oposición, para poder conocer con detalle qué y a quién se le abonaron esas cantidades. En concreto, reclamó al Consell «la relación nominal de facturas, con indicación del proveedor y concepto», de los pagos con cargo a la Universidad Internacional Valenciana (VIU), por importe de 1,30 millones; Aeropuerto de Castellón, 32,20 millones; Ciudad de la Luz, 7,11; Sociedad Proyectos Temáticos, 29,97; Proyecto Cultural de Castelló, 3,16; y las tres firmas del grupo RTVV, 120. En total, 193,7 millones, el 15 % del importe.
Aparte, Torres exigió ver la «justificación» de los gastos por los que se abonaron 515.000 euros a Orange Market, la franquicia valenciana de la Gürtel que dirigía El Bigotes, por la inauguración de la Volvo Ocean de Alicante. Moragues contestó que ese expediente ya se mostró a la socialista Eva Martínez. Pero Torres le insistió en que lo que quería ver eran las «facturas justificativas» del gasto.
El conseller le ha respondido con la referencia de tres facturas de la extinta Gestora para la Imagen de la C. Valenciana. Son correlativas y emitidas la misma fecha, el 6 de octubre de 2008: Se trata de la factura número 155, por importe de 154.360 euros, IVA incluido; la 156, otros 154.360; y la 157, 206.480 euros. «No podemos aceptar una amnistía en los pagos. Queremos saber a qué corresponde cada uno de los céntimos abonados con dinero público y si se siguieron o no todos los trámites administrativos», advirtió ayer Torres.
