David nombre ficticio fue abandonado nada más nacer. Su madre, de origen polaco, renunció a la criatura tras el parto; del padre no se sabía nada. Cuando tenía seis días, Maite Velasco lo fue a recoger al Hospital General de Valencia. Iba a ejercer de familia acogedora para este niño tutelado por la Generalitat hasta que le encontraran una familia de adopción. Pero en ese periodo de espera, mientras Polonia y España mantenían un conflicto burocrático a causa de un niño con nacionalidad polaca, el pequeño convulsionó y se le detectó una malformación cerebral severa. Ahora, David tiene cuatro años: sufre parálisis cerebral y una discapacidad del 70 %. No anda, no habla, no se mantiene sentado. Se mueve con dificultad con un pequeño andador. Sigue tutelado por la Generalitat y continúa acogido por Maite («como comprenderás, yo no iba a dejarlo», explica) tras haber pasado por tres comisiones de adopción sin que nadie lo haya querido adoptar. Con todo, la situación es peor de lo que parece.

A Maite, igual que a otras 78 familias educadoras que cuidan a los niños bajo custodia de la Administración, la Conselleria de Bienestar Social le adeuda las ayudas por manutención de todo el 2014. Es decir, lleva ya seis meses sin cobrar. Las otras 415 familias acogedoras han cobrado hasta abril: son dos meses de atraso. Y según denunció ayer UGT, a varias familias acogedoras han llegado a cortarles la luz debido a su asfixiante situación económica, agravada por los incumplimientos del Consell.

Bienestar Social atribuye los 79 casos de gran retraso a «problemas de tramitación administrativa de diversa índole, algunos tan simples como no haber presentado a tiempo el IBAN (cuenta bancaria)». La conselleria añadió que hay orden de priorizar los pagos y que durante la primera quincena del mes de julio se pagará a todas las familias afectadas hasta mayo incluido. Las ayudas mensuales rondan los 270 euros en el caso de las familias educadoras y los 120 euros en las familias extensas (tíos, abuelos) con menores tutelados por el Consell.

Como David es un niño con necesidades especiales la retribución es más elevada. En concreto, de 882 euros al mes. A Maite, pues, la Generalitat le adeuda 5.292 euros. No debe de ser plato de gusto al oír sus gastos por David. «La rehabilitación en Cruz Roja cuesta 85 euros, la equinoterapia vale 50 euros por sesión cada sábado y el tratamiento de hidroterapia cuesta 40 euros (u 80, si tocan dos sesiones) a la semana», desgrana. Sólo en esto suma ya 345 euros al mes. Y luego le siguen los gastos escolares, los de ortopedia botas especiales de 150 euros, el elevado coste de la alimentación especial, los complementos alimenticios por sus dificultades en la digestión y el tiempo que requiere su atención.

Ahora mismo Maite tiene a David en acogimiento permanente y podría renunciar a él si quisiera y condenarlo a un centro público sin familia alguna. Pero no lo hará. «Con eso es con lo que juegan ellos: con que queremos a los niños y saben que no los vamos a devolver después de haberse creado ya vínculos afectivos. Porque, ¿qué consigues con devolverlo? A mí me dolería, porque David es el último responsable de la situación. Pero a los últimos que les importan los niños y su situación son los responsables de la Administración», sostiene Maite, que reclama «un trato digno».

En la casa de Antonio que oculta su nombre real por si acaso hay tres niños en acogimiento permanente. Son tres hermanos de casi 17, 18 y 20 años, que llegaron a su casa hace 16 años tras salir de un abandono total y de una familia con problemas profundos de drogas y discapacidad psíquica. De los dos mayores, que ya no figuran como acogidos y teóricamente están desamparados, no cobran nada.

Del pequeño, esos alrededor de 270 euros mensuales que no ha percibido en todo 2014. Antonio se ríe de la cantidad. «Sólo en la educación de los tres, que llegaron con muchas dificultades, hemos gastado tanto como los veinte años de hipoteca que me quedan hasta los 73». Él no se queja, ni mucho menos. Los considera hijos, claro. Pero le duele que «el apoyo a la familia acogedora sea negativo cuando estamos evitando que los niños crezcan en una residencia».