El dinero puede condicionar el recurso contra la absolución de los 18 neonazis del Frente Antisistema (FAS). Los partidos políticos y entidades que han ejercido la acusación popular en el juicio de la Operación Panzer, por la que han sido absueltos los supuestos miembros de FAS tras ser anuladas las escuchas telefónicas que desembocaron en el registro de sus casas y el hallazgo de las armas incautadas, emplazaron ayer a la Fiscalía a que presente un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. No es pura retórica.
Fuentes de la acusación explicaron ayer a este periódico que un recurso suyo en solitario ante el Supremo, sin la concurrencia del fiscal, es «un riesgo que difícilmente podrían asumir a nivel económico» estas organizaciones no lucrativas. Según las cifras que manejan, si presentaran recurso de casación y fuera tumbado, las costas del proceso que deberían asumir en este macrojuicio rondaría los 60.000 euros.
Por ello, para evitar tener que dar ese peligroso paso al frente en lo económico, la Acció Popular contra la Impunitat pide al fiscal que presente el recurso ante el Supremo «en congruencia con su propia acusación que ha mantenido durante todos estos años». De esta forma, añaden, la Fiscalía evitaría «el riesgo de quebranto económico que pudiera suponer un recurso de casación, ante numerosas partes, asumido exclusivamente por las organizaciones no lucrativas que sostienen la Acusación Popular», agregan. Además, sólo si recurre ante el Supremo la absolución de los 18 presuntos neonazis «la Fiscalía cumple con su misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».
La acusación la forman el Movimiento contra la Intolerancia, Acció Cultural del País Valencià, Esquerra Unida del País Valencià, Bloc Nacionalista Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià, Jarit, Ca Revolta, SOS Racisme y Comissió Espanyola d'Ajut al Refugiat. Oficialmente, aseguran que están «estudiando» interponer el recurso.
Ya el dinero fue un factor decisivo a la hora de cambiar de abogado a sólo dos semanas de iniciarse el juicio oral tras nueve años de instrucción. Según ha podido averiguar este periódico, el letrado anterior de la acusación popular había cobrado alrededor de 8.000 euros y reclamaba 12.000 más para la fase oral del juicio. En total, 20.000 euros. A las entidades de la Acció Popular contra la Impunitat les pareció una cantidad excesiva y se negaron. El letrado renunció y fue sustituido por un abogado de Madrid que aceptó defender la causa de forma gratuita.
Frente a algunas voces críticas con la labor del nuevo letrado que circularon ayer, distintos representantes de la acusación popular defendieron con firmeza el trabajo del abogado y se declararon «absolutamente satisfechos» con su labor. «Ha presentados seis recursos en dos semanas. El anterior abogado, ninguno en siete años», puntualizó Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia.
