Los socialistas valencianos, personados en el caso Gürtel como acusación popular, adjudican una mayor porción de culpa a los políticos de la que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción. El PSPV ha solicitado penas de prisión para la cúpula de la trama Gürtel y sus responsables en Valencia los que cobraron y también, a diferencia del ministerio público, para los cargos políticos de las áreas que contrataron con las empresas de Correa. Esto es, los que consideran culpables de la contratación y pagos irregulares en lo que fue un saqueo organizado de las arcas de la Generalitat. Con todo, se pide menos pena para los políticos entre 1 años y cuatro meses y tres años y 4 meses que para la cúpula Gürtel (6 años y medio), algo que no suele ser habitual cuando se trata de delitos contra la Administración, según fuentes jurídicas consultadas.
En el documento de conclusiones de 37 páginas sobre la pieza número 5 de la causa que instruye el juez José Francisco Ceres, la acusación popular concluye que los exconsellers Luis Rosado, Manuel Cervera son culpables de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, a los que se uniría la malversación, en el caso de la exconsellera Alicia de Miguel. Para los dos primeros se piden tres años y 4 meses de cárcel y 11 años de inhabilitación. Para la exconsellera se solicitan tres años y cuatro meses de prisión, 17 de inhabilitación y multa. La misma condena de prisión se reclama para el exsecretario autonómico de Deporte, David Serra, para Dora Ibars, que fue directora general de Promoción Institucional, o Enrique Navarro, exsecretario autonómico. Asimismo, se piden 2 años de cárcel y entre 14 y 17 de inhabilitación para Auxiliadora Hernández, Carmen Díaz, Vicente Farnós, Silvia Caballer, Inmaculada García Pardo y Juan Miguel Bellver.
La acusación popular quiere meter entre rejas a quince exaltos cargos de la Generalitat en total, a los que se considera responsables de haber contratado con Orange Market y otras sociedades de la trama, como Easy Concept o FCS, con pago de sobrecostes e incluso de facturas con conceptos «inexistentes». La acusación achaca a los procesados con cargo público la práctica de haber fraccionado contratos de forma irregular para que no sobrepasaran los 12.020 euros y así poderlos otorgar a dedo a la sociedad de Álvaro Pérez «El Bigotes» y otras del grupo Correa sin necesidad de convocar concursos públicos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) aportó un correo electrónico, citado por la acusación, de una empleada de Orange Market a Crespo pidiéndole el vistobueno a la mecánica de trocear facturas.
Los socialistas eximen de la pena de cárcel a los funcionarios, que intervinieron en los procesos de contratación y pagos y deja su petición de condena en 8 años de inhabilitación. Para los cabecillas del conglomerado que exprimió la teta de la Generalitat entre 2004 y 2009 Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez se piden 6 años y medio de cárcel y casi 7 de inhabilitación, lo mismo que para Cándido Herrero, Felisa Jordán y Mónica Magariños, directivos de las empresas.
