La fiscalía de Valencia dio carpetazo hace ya casi medio año a la denuncia que la Generalitat presentó por la presunta filtración de documentación sensible del área de Presidencia, papeles con facturas de gastos en hoteles y alimentación que han salpicado al entorno más próximo de presidente Alberto Fabra. La investigación judicial encalló, como tampoco llegaron a ningún lado los interrogatorios a funcionarios que en enero dirigió el subsecretario de Presidencia, Rafael Sánchez Pellejero, con el consiguiente cabreo de la junta de personal. Sin embargo, el Palau no se dio por vencido. Antes del verano, según ha podido saber Levante-EMV, el nuevo responsable de la seguridad del presidente Alberto Fabra llevó a cabo interrogatorios a personas que trabajan para la vicepresidencia del Consell, entre otras áreas.
El área de la vicepresidencia siempre ha estado en el punto de mira del núcleo duro del Palau, que desde que se iniciaron las filtraciones la primera información comprometida para el presidente fue la contratación de un entrenador para cursos de liderazgo ha sospechado que los papeles podrían haber sido aireados desde allí. De hecho, cargos de confianza de Císcar fueron cayendo del organigrama.
Tras fracasar la investigación interna y la judicial, Presidencia ha hecho un nuevo intento para determinar quién o quienes pueden estar detrás de las supuestas filtraciones. En el interín, la seguridad de Fabra ha sufrido cambios y desde hace unos meses el presidente cuenta con otro responsable de su equipo de escoltas personales, una seguridad que el jefe del Consel tiene asignado y que se suma a los policías que custodian el Palau. Los escoltas del presidente son policías nacionales adscritos a la Generalitat. El actual jefe de la seguridad de Fabra ha retomado la investigación y practicado interrogatorios que, en algún caso y según las fuentes consultadas, se han producido en medio de una gran tensión. El encargo resulta sorprendente ya que, al menos que se conozca, no existe ningun procedimiento en marcha que ampare estos interrogatorios. La primera investigación en Presidencia fue vestida legalmente. Se abrió un expediente informativo y se nombró a una instructora que dirigía los interrogatorios e incluso los gravaba. Fabra habló públicamente de la investigación y remarcó que a los funcionarios se les había comunicado que su participación era totalmente voluntaria. No es el caso de lo que ha ocurrido ahora. No hay ningun proceso administrativo abierto, ni tampoco judicial, y, además, a diferencia de la primera investigación, no se está interrogando a los funcionarios de a pie sino a personal con cierta responsabilidad.
Las fuentes consultadas por este diario incluso hablan de que podría haberse ordenado algún tipo de escucha y seguimientos a determinadas personas. Fuentes oficiales de Presidencia consultadas ayer aseguraron «no tener constancia» de los interrogatorios. Con todo, nadie en el Palau negó que se haya retomado, al margen de la fiscalía, una nueva investigación y que además esta haya recaído en la policía nacional que tiene encomendada la seguridad del presidente.
En todo caso, el asunto de las filtraciones sigue preocupando a Fabra y ello, pese a que, tal como contó este diario, la asociacion contra la corrupción, la entidad que aireó alguno de los papeles, ha suspendido su actividad.
