El TSJ obliga al Consell a difundir las facturas pagadas con la caja opaca desde la etapa Camps

El Palau de la Generalitat ha sido campo de batalla de una guerra civil en Presidencia para cazar al topo que filtró documentos sensibles, entre ellos, las facturas de viajes y hoteles, la compra de vitaminas para el jefe del Consell y hasta los ingredientes del puchero. Una minucia comparada con las consecuencias de la sentencia del TSJCV que ayer hizo pública, en la sesión de control de las Corts al presidente Alberto Fabra, la portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra. La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo ha aceptado el recurso que presentó Oltra y ha condenado a la Conselleria de Hacienda a entregar a Compromís todas las facturas y justificantes de gastos realizados con cargo a la caja fija de la Generalitat desde 2006. Esto es, desde la etapa de Camps. En total, 2.906.949 facturas. Una bomba de relojería. «En la C. Valenciana las tarjetas 'black' se llaman caja fija y su importe asciende a centenares de millones en gastos particulares», avisó Oltra.

Los anticipos de caja fija están previstos para atender de forma inmediata, fuera del presupuesto y sin control previo, determinados gastos periódicos o repetitivos, como dietas, desplazamientos, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y similares. Primero se paga y luego se incorpora la factura. Este sistema ha servido para que altos cargos se compraran desde Huevos Kinder a pechugas Villeroy, picotas de cerezas y parte de los urinarios y uniformes de la visita del Papa. No obstante, también es la vía para abonar los medicamentos en los hospitales. El TSJ, en una sentencia del 7 de octubre, señala que el Consell vulneró la Constitución y está obligada a facilitar la información. El Ejecutivo, al que le impone las costas, alegó, basándose en un informe de la Subdirección general de Aplicaciones y Administración electrónica, que se trataba de una documentación «ingente» y «con diversa localización», con lo que «haría falta un trabajo y número de personas que supondría dejación de funciones que repercutiría en el funcionamiento normal de los servicios». Por ello alegaba que no se negaba a dar los datos sino que pedía a Compromís que concretara las facturas y ámbito temporal.

El fiscal apoyó al Consell al entender que no había vulneración de derechos fundamentales, y consideró ajustada a derecho la respuesta del conseller, Juan Carlos Moragues, en 2013, en la que solicitaba «concreción» en las facturas y «por tratarse de una petición ambigua y difusa». Compromís defendió que la negativa le impedía ejercer «ningún tipo de control» sobre el supuesto «uso indebido» de los fondos de caja fija, de los que el informe de la Sindicatura de 2011 hacía constar «múltiples irregularidades». El TSJCV señala que la respuesta de la Generalitat «no es sino una negativa encubierta» y afirma que, aunque es «legítimo el argumento de la dificultad que esgrime, es a la misma a quien corresponde proponer soluciones a dicha dificultad». El tribunal desmonta los argumentos del Consell cuando asevera que del propio informe de la subdirección general «se desprende que ese ingente número de facturas 'constan registradas en los sistemas informáticos'», por lo que «ya no hace falta gran número de funcionarios durante gran número de horas dedicados a ello». Añade que Compromís solo puede hacer una concreción temporal, ya que no puede acotar conceptos si desconoce el destino de la caja fija, sobre todo si han podido ser «fines no previstos» para este tipo de gasto.

Oltra manifestó ayer que la caja fija es un «cajón de sastre, incontrolado e incontrolable», al que se han cargado «compras en supermercados de la comida de altos cargos, la ñora del presidente, el puchero o las flores, pagadas con el dinero de los contribuyentes». «Es un triunfo de la democracia para atacar la causa de la corrupción, que es la opacidad», aseveró.

«Tarjetas, ni 'black', ni 'green'»

En el pleno, el vicepresidente José Císcar replicó que en la Generalitat «no hay tarjetas, ni 'black', ni 'green', ni 'blue', ni 'yellow'. Ninguna», pero no contestó a la pregunta de Oltra de si recurrirán al Supremo para no airear los papeles. Fuentes de Presidencia indicaron que se está «estudiando». Sería la forma de frenar la entrega de los documentos aunque el discurso de transparencia de Fabra quedaría en entredicho.