El escándalo de la caja fija de la Generalitat, con la que se han pagado mariscadas, viajes y productos para uso personal de los altos cargos y que fue una vía de entrada de la red Gürtel y coladero de facturas en los cajones, copó ayer todo el protagonismo en la sesión de control al presidente, Alberto Fabra, en las Corts. Fabra acudió con los buenos datos de la EPA bajo el brazo pero se encontró con que toda la oposición lo asaeteó con los pagos a través de esta caja opaca que el Consell se niega a entregar a la oposición pese a la sentencia del TSJ, que equiparó a las «tarjetas 'black'». El jefe del Consell no mencionó el asunto, que asumió en las repreguntas el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues. Lo hizo para descargar la responsabilidad en los funcionarios. «Hay un cuentadante que aprueba el gasto y es un funcionario. Hay un habilitado que realiza el pago y es un funcionario. Luego lo controla la subsecretaría y la Intervención Delegada. ¿Están dudando de la honestidad de los funcionarios?», inquirió Moragues a la oposición.

«La mayoría de la caja fija está en manos de los funcionarios», insistió, para añadir que este mecanismo existe en «todas las administraciones» y son pagos «reglados, presupuestados, contabilizados y fiscalizados por funcionarios». Se trata, dijo, de un mecanismo para atender gastos pequeños como material de oficina, locomoción o suministros. «¡Hay cuatro niveles de control!», enfatizó ya en pasillos, para recalcar que esto «no tiene nada que ver con las tarjetas 'black'». Detalló que hay 260 cuentas, «en su mayoría al servicio de los funcionarios» y «menos de la cuarta parte» para altos cargos». Los periodistas lo bombardearon a preguntas: «¿Entonces cómo explica los entrecot a 60 euros? ¿Las mariscadas? ¿La compra de 'sushi'? ¿Qué falló?» Pero Moragues se parapetó: «No me voy a meter en determinados gastos puntuales de hace equis años». O sea, de la etapa Camps.

En el pleno, Marga Sanz (EU), quien preguntaba a Fabra sobre el incremento de la pobreza, con «medio millón de hogares al borde de la exclusión», fue a la yugular: «Mientras comen entrecot a costa de las cuentas públicas, aquí votan en contra de que los niños en riesgo de exclusión social tengan tres comidas al día». «¡Son como María Antonieta, que con Francia incendiada y pasando hambre decía que si las masas no tienen pan, que coman pasteles!», tronó. Enric Morera (Compromís), quien inquirió sobre las medidas ante las familias con todos sus miembros en paro, le propinó: «Gastan medio millón al día en la caja fija. Dejen de utilizarla diez días y destinen 5 millones a las personas sin empleo». Mònica Oltra, también de Compromís, señaló que la caja fija de los altos cargos supone «300 millones; es más que Gürtel, Brugal y Emarsa». El socialista Rafael Rubio censuró la «cobardía política» de «culpar» a los funcionarios y su compañera Carmen Martínez se preguntó si la factura de la «Generalitat 'black'» la van a pagar los ciudadanos. Fabra censuró a los «reyes de la demagogia» y resaltó que la Comunitat «va por el buen camino» para lograr la recuperación, aunque «está tardando más de lo que quisiéramos».

La explicación del Consell indignó a los funcionarios. Por la tarde, empleados públicos, ya enfadados con el argumento de que entregar los papeles colapsaría la Administración, se organizaban en las redes sociales con intercambio de correos para reclutar voluntarios para «fotocopiar las facturas de la caja fija». Sumaban 254 adhesiones.