El escándalo de la caja fija de la Generalitat, que permite la disposición de fondos sin control previo y que altos cargos de la etapa Camps usaron para pagar comidas con marisco, viajes, hoteles y productos de uso personal, obligó ayer al Consell, por primera vez, a desmarcarse. La portavoz del Ejecutivo, María José Catalá, admitió «gastos poco decorosos» con cargo a la caja opaca «en legislaturas anteriores», pero subrayó que «estas cosas ya no pasan», porque el Gobierno de Alberto Fabra es «austero y transparente» y «ha tomado las medidas para que no vuelva a pasar».

«Como me conocen, saben que yo no haría esos gastos», apuntó Català, a preguntas de los periodistas, tras el pleno del Consell. La titular de Educación repitió que el Ejecutivo actual «no va a entrar a valorar cosas que hicieron otras personas» en otras «épocas». La consellera también desveló que en su día el Ejecutivo abrió una investigación interna que no trascendió entonces tras descubrir, como informó ayer Levante-EMV, que habían desaparecido las facturas de la caja fija de Medio Ambiente entre 2009 y 2011. Esto es, durante la etapa de Juan Cotino. El extravío lo detectó la responsable de Infraestructuras, Isabel Bonig, al llegar al Consell en 2011. No obstante, señaló que lo que se «perdió» fueron las copias de los documentos pero los originales de las facturas y justificantes sí los tienen y están en la conselleria.

Sin pretenderlo, desveló que existen copias de los papeles de la caja fija. Un dato sorprendente cuando el Consell alegó al TSJ, para negarse a entregar los documentos en las Corts, que hacer un duplicado de todos los papeles desde 2006 como reclamó Compromís colapsaría la Administración. Si hay copias hechas, no habría tal colapso. Fuentes del Ejecutivo indicaron después que de todos los papeles se hacen tres copias pero que no se pueden desgajar del expediente.

La portavoz defendió que en la actualidad existe una normativa interna «extensa» y «restrictiva» sobre la utilización de la caja fija, que «no permitiría» los gastos «poco protocolarios» que se están aireando estos días y que corresponden a «otras legislaturas». Al Consell le «preocupa» lo que se está conociendo sobre el uso de la caja fija «porque afecta a la imagen» de la Generalitat y de la Comunitat, pero insistió en que han adoptado medidas para que «si había errores en el pasado, no se vuelvan a producir». Así, recordó la instrucción del 1 de septiembre de 2012 de la secretaría autonómica de Presidencia con restricciones a los desplazamientos de altos cargos (clase turista y compañias 'low cost') y el tope de menús a 20 euros.

Catalá buscó la reconciliación con los funcionarios después de que el día anterior el conseller Moragues enfatizara que la caja fija «está en manos» de los empleados públicos y que cuestionar los gastos es «dudar de la honestidad de los funcionarios». Los funcionarios, dijo, supervisan los pagos a partir de una normativa que «antes no existía», por lo que «si hay alguna culpa, no es de ellos». «La oposición tiene más información que nunca», recalcó, ya que han dado datos de dietas y caja fija en 164 iniciativas del PSPV, 3.548 de Compromís y 58 de EU.