Los conflictos entre los ayuntamientos y las concesionarias municipales ponen en riesgo, en ocasiones, servicios de gran demanda y, sobre todo, repercute gravemente en unas arcas ya de por sí paupérrimas por la falta de ingresos y los recortes en la financiación local. El enfrentamiento entre el consistorio de Torrent y la empresa del polideportivo Par Central es el último de estos episodios y probablemente el de mayor repercusión política.
La batalla de Torrent
El enfrentamiento del Ayuntamiento de Torrent con la empresa concesionaria del centro Parc Central ha acabado con la imputación por presunta prevaricación de la alcaldesa popular y ocho concejales, un procedimiento que paraliza, por el momento, los trámites administrativos para rescindir el contrato y abrir dos expedientes graves a la contrata. Dado que la firma impide desde enero que los clubes deportivos de la ciudad entrenen gratis, como siempre lo habían hecho, el consistorio se ha visto obligado a abonar desde mayo 20.000 euros al mes a estas entidades para que paguen las tasas y puedan usar unas instalaciones, que construyó y pagó el ayuntamiento en 2004.
En Benetússer y Sedaví, la batalla con las adjudicatarias ha acabado con el cierre de la piscina cubierta, una en mayo pasado y la otra en agosto, respectivamente, y ahora está en litigio si los consistorios tienen que desembolsar altas cantidades por lo que las empresas invirtieron en las obras, dado que en ambos casos se les adjudicó en su día la construcción y gestión de las instalaciones deportivas. En Benetússer, la empresa Gaia „la misma que en Torrent„ ya ha ganado la primera sentencia, que reconoce que el ayuntamiento ha de hacer determinados pagos que nunca se realizaron. En Sedaví, el consistorio ha acordado en pleno hace días rescatar la concesión para volver a licitarla.
Déficit de 250.000 euros en Alberic
En la Ribera la problemática también llegó con las piscinas cubiertas de propiedad municipal y gestión privada. Uno de los casos más sangrantes y el primero en adelantar lo que después sucedió fue el de Alberic. Tras el verano de 2011 la empresa adjudicataria de la gestión del centro acuático renunció a abrir y solicitó la rescisión del contrato alegando que había acumulado un déficit de 250.000 euros en cinco años. No ha vuelto a abrir. La situación se reprodujo después en las piscinas de l'Alcúdia, Algemesí o, más recientemente, en Benifaió. En el primer caso el ayuntamiento salió al rescate y gestionó los trabajos hasta que volvieron a ser adjudicados. En Benifaió, la empresa decidió solicitar la nulidad del contrato al valorar las pérdidas. Aceptó indemnizar este año al consistorio con cerca de 90.000 euros por las reformas no acometidas en el centro.
Gandia tiene que pagar 3,3 millones a la adjudicataria
El gobierno local gandiense tuvo que plegarse a las condiciones de la concesionaria de la empresa Duet Sports que reclamó ante los tribunales 3,3 millones por la resolución del contrato y centro deportivos del Grau. Esta decisión ha supuesto un duro mazazo para el ayuntamiento que se ha visto obligado a recortar en varias partidas para hacer frente al pago.
Impagos desde hace 4 años en Sant Antonio
La empresa adjudicataria de la concesión de la piscina municipal de San Antonio de Benagéber debe al ayuntamiento cerca de 100.000 euros entre canon de explotación anual y facturas de suministros. Comval Sport SL, la firma gestora de la instalación, obtuvo la concesión en 2009 a cambio de un canon anual de 15.000 euros, pero los impagos, según denunció la Plataforma por San Antonio de Benagéber, comenzaron en 2010. En concepto de canon debe más de 40.000 euros y otros tantos por el suministro de luz, agua y gas. El partido independiente ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía. El alcalde, Eugenio Cañizares, señaló a Levante-EMV que el consistorio «ya le ha presentado una liquidación por una deuda que ronda los 40.000 euros y le vamos a reclamar los intereses».
Para Plataforma, «el ayuntamiento ha tenido que asumir el pago de alguno de estos suministros con el Plan de pago a proveedores de 2012 por más de15.000 euros, con los intereses que ello conlleva, es decir un 6 %».
Ontinyent: 300.000 euros de deuda
La anterior adjudicataria de la piscina cubierta de la ciudad ocasionó más de un quebradero de cabeza al gobierno municipal. Los usuarios denunciaron la precaria gestión de la empresa Brakesport, que gestionó la instalación hasta el verano de 2013, con deficiencias técnicas y de mantenimiento: en los vestuarios, en las duchas, en el mantenimiento de la temperatura del agua. Además, la empresa llegó a acumular una deuda de unos 300.000 euros con el consistorio „en el periodo desde finales de 2008, cuando el PP adjudicó el servicio hasta 2012„, y el nuevo ejecutivo de PSPV y Compromís abrió un expediente a la adjudicataria por incumplimiento de contrato.
