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Falta de transparencia

La federación de municipios gasta 1,1 millones en cursos de formación sin concurso público

El secretario general no aclara cómo se realizaron las contrataciones Ayuntamientos abren procesos hasta por 11.000 euros

La transparencia en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) brilla por su ausencia. La entidad ha gastado entre 2010 y 2014 1.051.696,25 euros en cursos de formación sin haber convocado ningún concurso público y sin publicar en ningún diario oficial las empresas adjudicatarias del servicio. Este periódico ha llamado al secretario general de la FVMP y responsable de este departamento, José Antonio Redorat, hasta en cinco ocasiones y dejado recado a su gabinete de prensa y secretarios. Redorat se comprometió a dar una explicación hace tres semanas pero todavía no ha contestado y ya no coge el teléfono.

La FVMP ha recibido del Instituto Nacional de Administración Pública del Ministerio de la Presidencia en los últimos cinco años 1,1 millones para financiar cursos de formación a funcionarios dentro del Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas. De este dinero ha dispuesto la entidad para adjudicar los cursos según las necesidades de los municipios valencianos y de sus empleados públicos. Según la información hecha pública por el ministerio, en 2010, la FVMP recibió 344.390,22 euros, en 2011 334.800,46 euros, en 2012 157.594,44 euros y en 2013 123.737,63 euros. En 2014 la subvención ha sido de 91.173,50 euros, en este caso financiados por la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas.

La ley de contratación pública obliga a convocar a varias empresas para optar a impartir un curso de formación siempre que el contrato supere los 18.000 euros y con publicidad cuando el montante sea superior a 60.000. Las adjudicaciones menores de 18.000 euros se pueden realizar a dedo al considerarse contratos menores. Eso sí, ayuntamientos como el de Llíria han abierto concursos públicos para ofertar cursos de formación por 11.000 euros. Todo versa en las ganas de transparencia que tenga cada administración que licita.

De momento, en la página web de la FVMP sólo se puede acceder al número y nombre de cursos que se han impartido, pero no a la empresa que lo dio ni tampoco el coste real que tuvieron. En el año 2013, casi la mitad de los cursos fueron a distancia y entre los presenciales se encontraba formación sobre «Organización del área económica de pequeños municipios», «Intervención policial en materia de tráfico y seguridad vial» o «Uso de defensa rígida y bastón extensible policial». Existen también cursos sobre «Reestructuración de plantillas» o «Negociación en la administración pública».

Los cursos, según la propia web y han confirmado fuentes de la entidad se han realizado con éxito. De hecho, la FVMP tiene un convenio con los sindicatos para el desarrollo de la formación. Todas las centrales sindicales tienen en su página web enlazados los cursos de la federación.

Reglamento de transparencia

Llama la atención que la FVMP siga esta política de opacidad respecto a la contratación de los cursos de formación cuando ha colaborado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la edición de una ordenanza municipal para los ayuntamientos pionera en transparencia. Según pregona esta normativa, estos contratos ya deberían ser públicos, como por cierto ya ha puesto al servicio de los ciudadanos la Generalitat desde hace unos meses en su portal GVAOberta. En esta página web, aparecen hasta contratos menores pese a que obviamente el volumen de información es decenas de veces superior al de esta entidad supraminicipal.

La propia presidenta de la FVMP, Elena Bastidas, se ha querido mostrar como una defensora de la transparencia al aprobar la ordenanza de transparencia de la FEMP en el ayuntamiento que dirige. La entidad de municipios todavía no lo aplica.

No es la primera vez que Redorat es reacio a dar información sobre dinero público gastado en la FVMP. El secretario general adjudicó en un procedimiento negociado sin publicidad las obras en la sede de la federación en Castelló por 190.000 euros a una empresa que está siendo investigada en la trama Gürtel.

El mínimo para no hacer público el negociado son 200.000 euros en caso de obras, por lo que no se saltó la ley, aunque no brilló la transparencia. La sede no se ha utilizado desde que se hizo la reforma en 2010.

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