El Consell es el segundo que más tarda en pagar a los proveedores (74,42 días, muy por encima del plazo máximo legal de 30 días) y, lo que es más alarmante, el que mayor deuda al margen de los bancos (incluidos los proveedores) arrastra, 4.279,5 millones, por encima de Cataluña. Y todo ello después de haber recibido desde 2012 una astronómica cantidad de fondos —vía préstamos— a través del Plan de Pago a Proveedores (7.572 millones) y FLA (otros 10.000 millones, para vencimientos de deuda pero también en menor medida para saldar facturas). Pues ni así. El Consell arrastra una bola de deuda no financiera que supera la de Cataluña (4.193 millones), con el doble de PIB y presupuesto. Unas magnitudes que arrojan dudas sobre la viabilidad de la Generalitat de no cambiar el sistema de financiación.
Así lo reflejan los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Hacienda, después de que el Gobierno aprobara en julio el real decreto que materializa la obligación de todas las administraciones de calcular y publicar lo que tardan en pagar sus facturas para comprobar si cumplen con la ley de morosidad. Los números tendrán consecuencias para los ciudadanos ya que el departamento de Cristóbal Montoro exige a los ejecutivos incumplidores, sobre todo a los que exceden de los 60 días, como el valenciano, recortes y aumento de ingresos.
Las bien financiadas cumplen
Para calcular el «periodo medio de pago» (PMP) se dan 30 días desde que la factura entra en el registro para que la Administración la reconozca. A partir de ahí se pone en marcha el reloj. La ley obliga a pagar en los siguientes 30 días. Cuando la cifra es negativa, es que se ha abonado dentro de los 30 días iniciales. Con 74,42 días (104,42 desde que entró la factura), la Generalitat casi dobla la media, 42,89 días, y solo se ve superada por Aragón, con 77,53. Por debajo están Extremadura (72,30), Murcia (65,22), Baleares (57,07), Andalucía (46,97), Madrid (46,38) y Cataluña (42,80) y Castilla-La Mancha (33,27). Cumplen la ley las otras ocho: Castilla y León (28,97), La Rioja (26,66), Asturias (26,07), Cantabria (25,82), Galicia (11,44), Canarias (7,38), País Vasco (4,09) y Navarra (-6,06). Esta última paga de promedio a los 23,94 días de que un proveedor registre una factura.
Las comunidades beneficiadas en el sistema de financiación —sobre todo las forales— cumplen, a diferencia de las discriminadas, como la valenciana. En cuanto a las operaciones pendientes de pago, el Consell registra una demora media (hasta el 30 de septiembre) de 76,74 días, la cuarta mayor, por debajo de Extremadura (86,37), Murcia (84,74) y Aragón (82,86).
El ministerio detalla la deuda no financiera de las autonomías, que se eleva a 16.695 millones, de los que la Generalitat concentra el 25,6 %, con los citados 4.279 millones que se deben a proveedores (compras de bienes y servicios, e inversiones), personas físicas y jurídicas (como las ayudas a la vivienda o la farmacia), ayuntamientos o entidades (como las universidades). La suma equivale al 4,23 % del PIB, tres veces más que la media autonómica (1,57 % del PIB). Si se añade a la deuda con los bancos (34.782 millones), que supone el 34,8 % del PIB, ya está comprometido el 39 % de la riqueza. La siguiente autonomía más lastrada es Extremadura, cuya deuda, 423 millones, representa el 2,51 % de su PIB. La deuda concreta del Consell con los proveedores se eleva a 1.485,2 millones (el 1,47 % del PIB) y es la segunda mayor, tras Cataluña (1.514,2 millones) y por delante de Madrid (1.186,4 millones).
Amenaza de retirarle fondos
Hacienda distingue entre las que superan los 30 días y las que exceden los 60, como la valenciana, y a las que advierte que, de persistir, incurrirán en los supuestos de la ley de Estabilidad. Esto es, el Estado les podrá retener el dinero de la financiación para saldar las deudas. Pero, como es la primera vez, impone a todas, de momento, la misma medicina: Un plan de tesorería que detalle los recursos que van a dedicar mensualmente al pago a proveedores, así como el «compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos» u otras de «gestión de cobros y pagos» para cumplir la ley. Esto es, recortes y posibles subidas de impuestos.
