El Consell General del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), compuesto por 49 especialistas de las tres universidades públicas de la Comunitat Valenciana con estudios superiores de Filologia „la Universitat de València, la Jaume I de Castelló y la Universitat d'Alacant„, ha aprobado por unanimidad un manifiesto en el que reclama a la Generalitat que retire el anteproyecto de la ley de señas de identidad valencianas que última por «atentar contra la libertad, el consenso y la convivencia entre los valencianos».

El comunicado considera que el Observatorio de señas de identidad del Pueblo Valenciano que abandera el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, «reinstaura la vigilancia y la amenaza para todos aquellos que trabajan en la recuperación y la dignidad de la lengua y la cultura, a los cuales, una vez más, los responsables de las instituciones valencianas no solo no defienden, sino que además obstaculizan o incluso atacan».

El IIFV, dirigido por el catedrático de la Universitat de València, Ferran Carbó, sostiene en el manifiesto que el anteproyecto de ley de la Generalitat «menosprecia la lengua de los valencianos al ponerla como una seña de identidad más, entre otras como, por ejemplo, "los festejos taurinos" o "el arte pirotécnico"».

El instituto interuniversitario entiende que la futura ley de señas, por lo que respecta a la lengua valenciana, «ningunea a la Real Academia Española (RAE), a la comunidad universitaria y académica, y el posicionamiento científico de toda la filología y la historia (que define el valenciano como una variante de la lengua catalana), así como también la labor y el trabajo hecho durante décadas por la enseñanza y la difusión social de nuestra lengua».

El IIFV ve «innecesario» el citado observatorio de las esencias valencianas por tratarse de «un nuevo órgano de control y vigilancia, dependiente del poder político que lo designa». Además, alerta, que con su creación las universidades valencianas y los profesionales de la enseñanza, de la comunicación y la cultura, «podrán ser discriminados y censurados». También critica que se excluya a instituciones públicas, reconocidas en l'Estatut, en referencia a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y el Consell Valencià de Cultura (CVC), «sustituidas por colectivos privados de marcado carácter secesionista que actúan en contra de la normalización de la lengua que se ha hecho desde las Normes de Castelló de 1932».