La trama de robo de fármacos desarticulada en Aldaia vendió vacunas infantiles sin respetar la cadena de frío y sin ningún tipo de control, según recoge el sumario al que ha tenido acceso Levante-EMV. La red distribuyó la vacuna meningococo (para prevenir la meningitis) y que se comienza a poner a partir de los dos meses de edad. Cada dosis de la vacuna cuesta en la farmacia 90 euros y son necesarias tres para que el tratamiento sea eficaz. La Policía Nacional bautizó la operación con la palabra inglesa poison, que significa tóxico, por el peligro que entraña para la salud la ingesta de medicamentos procedentes del mercado negro. La red hurtaba a una distribuidora farmacéutica que tiene el almacén en Aldaia.
La investigación policial se inició tras la denuncia del grupo Cofares, empresa distribuidora perjudicada, cuyos responsables detectaron en agosto de 2013 la continua sustracción de productos. El volumen de los hurtos era muy alto. La empresa tenía en su almacén de Aldaia entre enero de 2013 y marzo de 2014 productos valorados en 1.513.813 euros y sufrió pérdidas en esos meses por valor de 818.000 euros.
La firma contrató en agosto de 2013 a un grupo de detectives de Madrid que constató que los principales autores de los hurtos eran empleados de la empresa, en concreto un grupo de personas pertenecientes a un mismo núcleo familiar. La trama pagaba unos 600 euros euros a los trabajadores del almacén „que tenían una nómina de 700 euros„ para que sacaran los productos. Los trabajadores imputados son mozos de almacén y de muelle y los repartidores. Los agentes encargados del caso certificaron que su nivel de vida no se corresponde al de empleados que cobran entre 700 y 800 euros.
La policía arrestó hace dos semanas a una veintena de trabajadores, a un exempleado y un farmacéutico de la Vall d'Albaida por su supuesta implicación. Los investigadores han ampliado las pesquisas a otros farmacéuticos, que todavía no están imputados. El sumario ya tiene seis tomos y el juez del caso ha imputado de momento a dieciséis personas como supuestos responsables de delitos contra la salud pública, hurto y organización criminal.
La agencia de detectives instaló cámaras en el almacén y pilló in fraganti a dos trabajadores que llevaban en diferentes bolsas los medicamentos. Los detectives certificaron que el robo de medicamentos en el almacén era generalizado.
En las pesquisas policiales ha sido clave la declaración de una mozo de almacén que confesó. A raíz de su declaración, la policía intervino con autorización judicial los teléfonos de los principales responsables de la red y los agentes descubrieron toda la dinámica. A la trabajadora que confesó le concedieron en un primer momento el estatus de testigo protegido, pero ahora el juez se lo ha retirado y es una imputada más. Las intervenciones telefónicas han estado activas entre septiembre y noviembre. A raíz de las escuchas, la policía llegó a la conclusión de que era una red organizada que distribuía medicamentos como anfetaminas, vacunas y todo tipo de fármacos. La vacuna contra la meningitis no está cubierta por la Seguridad Social por lo que la red le encontró una fácil salida entre las personas que querían ahorrarse los 270 euros que cuesta el tratamiento completo y no valoraron el riesgo para la salud de sus hijos. La policía ha constatado que el grupo distribuyó gran cantidad de fármacos en Castellar y en Xirivella.
Sustancias dañinas
La policía alerta al juez en el informe que le ha entregado de que el control de la cadena de distribución de medicamentos desde su fabricación hasta su venta es «indispensable para garantizar las condiciones de conservación, transporte y suministro. Al salir el medicamentos de su entorno controlado y romperse la cadena de frío puede que el producto quede desnaturalizado y que se generen sustancias que provoquen un importante riesgo en la salud de los consumidores». El informe incide en que todos los medicamentos que son distribuidos sin control son ilegales por el grave perjuicio que pueden causar en la salud.
Los agentes registraron en la operación ocho domicilios y una farmacia en los que se incautaron de más de 15.000 medicamentos y productos de parafarmacia, 2.500 euros en efectivo, y 20 fotocopias de DNI y tarjetas de la Seguridad Social que podrían haber sido utilizados para conseguir medicamentos ilegales de modo irregular.
