El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, se sentará definitivamente en el banquillo de los acusados por el caso Nóos cuando hoy presenten su escrito de acusación las dos acusaciones populares ejercidas por el PSPV y el sindicato Manos Limpias. Los socialistas reclaman 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público para Grau por presuntamente haber cometido como presidente de la Fundación Turismo Valencia los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, según explicó a Levante-EMV el portavoz del PSPV Joan Calabuig. Manos Limpias previsiblemente pedirá penas similares para el número dos de Rita Barberá.
Los socialistas también solicitan para Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres 11 años de prisión para cada uno por los contratos para que el Instituto Nóos organizara los Valencia Summit. Los socialistas reclaman una responsabilidad solidaria para el otrora yerno del Rey, Torres y Grau de 1.566.000 euros, el dinero que la trama investigada cobró de la fundación vinculada al Ayuntamiento de Valencia y que no se usaron para su cometido.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach también presentó ayer su escrito de acusación en el caso Nóos aunque no contempla que Alfonso Grau cometiera ningún delito. El ministerio público mantiene la misma teoría que en la primera acusación y es que la fundación Turismo Valencia es privada, por lo que no habría perjuicio para las arcas públicas. Cabe recordar que fue la Audiencia de Palma la que desautorizó al fiscal y al juez Castro e imputó a Alfonso Grau en la causa. Con las acusaciones del PSPV y Manos Limpias Grau tendrá que acudir al juicio que se celebra en Palma de Mallorca y enfrentarse a los 11 años de prisión que le reclaman.
Calabuig explicó que solicitan 8 años de prisión y 20 de inhabilitación para Grau por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. A estos hay que sumar otros tres años cárcel y diez años de inhabilitación por un presunto fraude contra la administración.
E portavoz del PSPV en Valencia y candidato para las elecciones del año que viene explicó que en un primer momento solicitaron a Grau y Barberá que se personaran en la causa «para recuperar el dinero de los valencianos». «Al no hacerlo tuvimos que presentar la denuncia los ocho concejales socialistas en el Ayuntamiento de Valencia», argumentó. Calabuig mantiene que la responsable política del caso Nóos y del fraude del yerno de Juan Carlos I es la alcaldesa de Valencia. «Es quien desarrolló el plan» para que se contratara la organización del Valencia Summit con Urdangarin y cuyos gastos pagaron a medias Turismo Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde hay otros cuatro acusados.
