El Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no prevé medidas concretas para paliar los efectos del oleaje o las mareas por el aumento del nivel de mar en la costa valenciana. Las únicas medidas que se prevén, inicialmente, se aplicarán para reducir el riesgo de inundación fluvial (por ríos y crecidas de barrancos).
En época de crisis, la CHJ plantea un escenario austero en el que se pretende prevenir y reducir riesgos, más que ejecutar grandes obras hidráulicas que prevengan las inundaciones (aunque algunas sí que se incluyen en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación).
De hecho, para el organismo de cuenca las tres primeras prioridades de su plan de riesgo serán establecer «medidas para mejorar los sistemas de medida y alerta hidrológica, normas de gestión de la explotación de embalses que tengan un impacto significativo en el régimen hidrológico» e incidir en una ordenación racional del territorio: «limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, criterios para considerar el territorio como no urbanizable y criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable». Unas medidas que, como adelantó Levante-EMV el pasado 2 de enero, afectarán directamente a 193 municipios que deberán a adaptar sus planes generales a loas limitaciones que establezca el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y el nuevo Patricova (Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana) que la Conselleria de Territorio también está a punto de aprobar definitivamente.
Las medidas de intervención en cauces, motas o diques que impliquen intervenciones físicas en cauces, zonas costeras o áreas propensas a inundaciones ocupan las últimas posiciones en las prioridades previstas por la CHJ para combatir el riesgo de inundación, tanto fluvial como marina.
La CHJ también identificó otras treinta áreas de riesgo potencial significativo de inundación de origen fluvial que afectan a una superficie de 941 kilómetros cuadrados de territorio incluido en su demarcación que afecta a varias autonomías.
