Recortes. Tijeretazo. Copago. Desaparición de la sanidad universal. Desde su irrupción en 2008, la crisis económica ha desdibujado los pilares del conocido como «Estado del Bienestar», situación que se ha agravado durante los últimos años y que ha tenido a los colectivos más desfavorecidos como los principales damnificados.
Los minusválidos que no pueden realizar una actividad profesional también han sido uno de ellos. Así lo atestigua la edición 2014 del Informe Olivenza, un extenso documento confeccionado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (Cermi) que radiografía la actual situación de este colectivo en todo el territorio nacional y analiza su evolución durante los últimos años.
Uno de los apartados del trabajo se centra en las prestaciones que se conceden a través de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), cuyo desarrollo se ha visto complementado durante los últimos años con la ley de Dependencia.
Así, los registros del informe apuntan que el número de beneficiarios de una ayuda a través de esta normativa de rango estatal ha descendido de forma notable durante los últimos cinco años en la Comunitat Valenciana: se pasa de las 3.098 prestaciones adjudicadas en 2010 a las 1.904 aprobadas durante los diez primeros meses del ejercicio pasado.
21.309 ayudas en toda España
Los datos confirman una tendencia a la baja en el número de ayudas, evolución negativa que alcanza a todas las comunidades autónomas. De hecho, en términos nacionales se constata una bajada de 13.648 personas en el número global de prestaciones. Así, hasta octubre de 2014 se autorizaron un total de 21.309 ayudas en toda España, el 9 % en la Comunitat Valenciana.
Desde la Plataforma en Defensa de la Dependencia de la Comunitat Valenciana apuntaron que el descenso en el número de prestaciones procedentes de la Lismi se debe a distintos factores: el desarrollo de la Ley de Dependencia, la disminución de recursos por los recortes y el fallecimientos de las personas que reciben las ayudas.
En el primer caso, comentaron que «muchos minusválidos dependen ahora de la Ley de Dependencia. Y no podemos olvidar que su desarrollo ha sido muy problemático en la C. Valenciana. El trasvase entre normativas habrá sido muy importante». En Castelló, Valencia y Alicante conviven más de 40.000 dependientes con ayuda reconocida.
A su vez, también comentaron que «las cifras también bajan tras los fallecimientos de los destinatarios». Por último, apuntaron a la bajada de recursos públicos: «cuando tratamos casos de petición de ayudas muchas veces vemos que tardan mucho y que se dan cantidades más bajas».
