El Consell deja construir un 30% de viviendas más en suelo público

Una modificación de la ley de Vivienda, incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos y en vigor desde el 1 de enero de 2015, permite eleva hasta un 30% la edificabilidad residencial y el número de viviendas preexistente «en actuaciones de renovación urbana, regeneración y ampliación del parque público de viviendas, circunscritas a suelo público», cuando «sea necesario para garantizar la viabilidad de la actuación». La reforma también faculta para destinar las viviendas construidas en suelos dotacionales calificados como residencial, además de a personas mayores, discapacitadas o menores de 35 años, a «colectivos desfavorecidos que cumplan los requisitos de acceso a viviendas de promoción pública».

Se trata de una reforma que introdujo el PP, a través de una enmienda durante el debate de presupuestos que, según la Conselleria de Territorio, está pensado para las viviendas sociales de la Generalitat, como las de Fuensanta en Valencia o Benalúa en Alicante. La intención es que las actuaciones de rehabilitación de los inmuebles «no salgan tan caras», incrementando el número de viviendas al elevar alturas o en horizontal, si es posible. A cambio, habrá una mayor concentración. El patrimonio público de viviendas de la Generalitat alcanza, a día de hoy, los 15.156 pisos (6.514 para venta en propiedad y 7.400 para alquiler en rotación).

«Valencia ha sido incapaz de construir viviendas en alquiler»

Sin embargo, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Vicent Sarriá lamenta que los «populares» utilicen de manera «abusiva y torticera» esta ley «para introducir numerosos cambios legislativos, fruto de ocurrencias y malas prácticas en la gestión pública».

Sarria considera la modificación de la Ley de Vivienda de 2004 a través de la conocida como ley de acompañamiento como una medida «poco meditada que sólo persigue generar plusvalías y que, sin duda, distorsionará los entornos en que se ubiquen estas zonas, que en la mayoría de los casos formarán parte de núcleos urbanos consolidados, lo que supondrá incrementos de alturas que pueden romper la armonía urbanística y el paisaje de esos barrios».

Acceso a la vivienda

Por otro lado, también se propone que los alojamientos residenciales construidos en los suelos dotacionales destinados al alquiler para colectivos desfavorecidos a menores de 35 años, mayores de 65 años o personas con alguna discapacidad, «también puedan destinarse a otros colectivos que cumplan con los requisitos de acceso a viviendas de promoción pública».

Sarrià recuerda que fue la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) de 1994, aprobada durante el último gobierno socialista, la que introdujo la posibilidad de reservar en el planeamiento parcelas dotacionales SP-7 para ampliar el parque público de vivienda en alquiler a sectores desfavorecidos para menores de 35 años, mayores de 65 años y personas con alguna discapacidad.

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