El organizador de la fiesta ilegal «rave» que durante cinco días reunió entre 3.000 y 4.000 personas en el aeródromo de Benagéber (Valencia) para escuchar música electrónica de forma ininterrumpida, se encuentra en busca y captura. Así lo confirmó ayer el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, quien explicó que la fiesta no estaba autorizada, no tenía las garantías de seguridad necesarias y ocupaba un espacio público de manera ilegal.

La Guardia Civil montó controles en los accesos a la zona, que han supuesto la identificación de 1.633 personas y 561 vehículos, la tramitación de 18 actas por tenencia ilícita de armas y 6 por tenencia de drogas, además de otras 27 por infracciones de tráfico, 64 relativas a la ley de montes, 85 por acampadas y 4 por animales. Más del 60% de los controles de droga dieron positivo, según el delegado, quien añade que la Guardia Civil ha efectuado diligencias que se han traslado a las autoridades administrativas y judiciales para determinar posibles sanciones y delitos que se hayan podido cometer.

En concreto, se refiere a «supuestos ilícitos de desobediencia a la autoridad, contra el medioambiente, contra la salud pública o por daños a instalaciones o contra la propiedad intelectual», además del incumplimiento de la Ley de Espectáculos de la Comunitat Valenciana.

Castellano asegura que la Generalitat ya tramita los expedientes correspondientes por los incumplimientos de la ley autonómica y según fuentes de la Conselleria de Gobernación, el organizador „de cuya identidad no han querido informar las autoridades y que podría ser italiano„ podría enfrentarse a una multa de entre 30.001 y 90.000 euros.

El delegado recuerda que tras la fiesta se produjo un accidente de tráfico por el choque frontal entre un camión que salía de la «rave» y una grúa que acudía a la zona a auxiliar a un vehículo y cuyo conductor falleció. Según el delegado, el conductor del camión dio positivo en el control de drogas y está detenido y ahora «habrá que investigar lo sucedido y depurar responsabilidades». El juzgado de Requena ha decretado su ingreso en prisión.

Al ser preguntado por si el organizador de esta «rave» habría organizado otras fiestas en la región, ha explicado que el año pasado hubo una de características parecidas en Siete Aguas y otra hace unos años en Buñol aunque «no está confirmado» que sea la misma persona.

Tras cinco días de fiesta ininterrumpida desde Nochevieja, el pasado lunes cesó la música y, según Castellano, el martes se concluyó el desmontaje de los escenarios y el resto de instalaciones y se inició la limpieza del recinto.

El alcalde de Benagéber, Rafael Darijo, confirmó a la agencia Efe que ayer por la mañana apenas quedaban en la zona «cinco o seis bolsas de basura amontonadas, algunos palés de madera y grandes piedras que habían usado para las hogueras», y aseguró que «no ha habido mucho destrozo».

Desde el sindicato CC OO también denunciaron ayer que las distintas administraciones «han permitido actuar con total impunidad» a los participantes de la fiesta ilegal. El sindicato incide en que los participante a la fiesta han actuado «al margen de toda legislación» y han generado «un riesgo de catástrofe en la zona», por lo que han exigido una «evaluación de todos los daños y que se aplique la ley a la persona encargada de este evento».

La sección sindical de CC OO en la Conselleria de Medio Ambiente califica de «insólito» que en la Comunitat Valenciana «la ley no se aplique a toda la ciudadanía por igual». Apuntan que la legislación con relación a terrenos forestales, espacios naturales protegidos y zonas con alto riesgo de incendio, además de la legislación de espectáculos tienen «establecidas claramente actuaciones ante incumplimientos».

«Si a un grupo de ciudadanos se le ocurre acampar en terreno forestal sin autorización, hacer fuego o realizar un acto festivo sin permiso, se les denuncia y se les obliga a abandonar la zona y cesar la actividad", apuntan. Según el sindicato, «lo mismo ocurre cuando se realiza una actividad en terreno forestal, se colocan grupos electrógenos sin permiso, se tiran basuras o se aparcan vehículos fuera de los lugares autorizados, además de ocupar instalaciones básicas para la extinción de incendios». Por eso, la sección sindical de CCOO asegura «no entender» cómo las autoridades de la Administración central, autonómica y el propio ayuntamiento «han permitido continuar la fiesta durante cinco días con total impunidad, al margen de la legislación».