El exgerente de Emarsa pide que le rebajen la pena a 6 años de cárcel por confesar el saqueo

El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, solicita en su escrito de defensa antes del juicio que se celebrará a finales de este año que le condenen a seis años de cárcel por el saqueo de la depuradora de Pinedo y que le pidan una responsabilidad civil de 22.698.612,80 euros. La fiscal del caso pretende que lo condenen a 12 años de prisión y le reclama una fianza solidaria de 23.766.765,50 euros por el fraude. Cuesta se autoinculpa como autor de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y de haber participado en otro delito de falsedad en documento público.

En un breve escrito de defensa, el letrado de Esteban Cuesta califica los delitos en los que habría incurrido su cliente durante sus años de gestión en la depuradora de Pinedo (2004-2010) y pide un atenuante por confesión y arrepentimiento, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes jurídicas. Así, de los 12 años de cárcel que solicita la fiscal y los 18 que reclama la acusación popular ejercida por el PSPV, se conformaría con 6 años de cárcel por los delitos cometidos en el saqueo de las arcas de la empresa pública Emarsa.

El exgerente de Emarsa asumiría así cuatro años por haber sido autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos con un concurso medial con un delito de falsedad en documento público y otros dos años por el cohecho. Además, solicita también alrededor de siete años de inhabilitación para cargo público por la presunta prevaricación. Deberá ser la Audiencia de Valencia la que decida qué pena le impone después de evaluar los datos y de que se celebre el juicio.

Para la vista, Esteban Cuesta solicita pruebas para reducir sus penas y solicita la citación de medio centenar de testigos para que declaren en el proceso, entre los que se encuentra el ex conseller de Medio Ambiente y ex presidente de las Corts, Juan Cotino, y la concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Maria Àngels Ramón-Llin.

Otros de los testigos que pide para el juicio, que tendrán que ser aceptados por las demás partes, la fiscalía y el tribunal, son funcionarios de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Espar), empresa que inyectó más de 100 millones de euros en Emarsa durante su etapa, y de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicas (Emshi). También reclama la presencia de antiguos contratistas de la entidad.

Una red para saquear

En el auto de procesamiento del caso Emarsa, el juez considera probado que existía una red de empresas que durante al menos los años 2004 a 2010 actuó para intentar detraer de forma ilícita fondos públicos asignados a Emarsa para la explotación de la depuradora de Pinedo por importe no inferior a 25.629.024,97 euros, de los que finalmente se lograron desviar 23.766.765,50 euros a través de una trama de compañías que facturaron a la empresa con precios hinchados por el tratamiento de los lodos y por servicios que no se llegaron a realizar.

A juicio del juez, existen indicios «racionales suficientes» para considerar que entre el 21 de julio de 2004 y el 26 de julio de 2010, el entonces presidente del consejo de administración y consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, y el gerente Esteban Cuesta, previo concierto con dos altos cargos de la Epsar y en unión del director financiero, valiéndose de su posición y ante los «cuantiosos fondos públicos» que recibía la empresa para obras de mantenimiento y mejora así como ingresos para la prestación de servicios, «diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan de actuación con la finalidad de obtener todos ellos un beneficio patrimonial ilícito».

En este plan, según el juez, participaron personas de la dirección y otras más, muchas de ellas ajenas a la empresa pública, que adquirieron la condición de proveedores de Emarsa, sin que en ocasiones mediara expediente de contratación o contrato real. En otros momentos, se simularon expedientes de contratación de los trabajos en los que se eludía la publicidad y se aparentaba, pero se evitaba, toda real concurrencia. Se utilizaban empresas de la misma persona, en concreto, del ex informático de la depuradora de Pinedo, Sebastián García Martínez, alias «Chanín».

Además, la depuradora de Pinedo agasajó a centenares de personas con regalos de lujo y, presuntamente, algunos de sus dirigentes se habrían beneficiado también de estas dádivas y de las que conseguían de las empresas contratistas de Emarsa.

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