El Gobierno cede ahora ante la petición del Consell de recalificar terreno quemado

Con la aprobación el pasado viernes por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de modificación de la Ley de Montes, el Gobierno de Mariano Rajoy «ha escuchado las peticiones de la Generalitat Valenciana», según reseñan fuentes del ejecutivo autonómico a Levante-EMV. Esta norma, con la cual será posible la recalificación de terreno forestal tras un incendio, fue uno de los primeros conflictos jurídicos entre el estado y el Consell, al invadir este último competencias centrales.

El Ejecutivo de Alberto Fabra incluyó en la ley de acompañamiento a las cuentas de 2012 la modificación de la ley forestal para realizar obras en infraestructuras concretas, prohibidas por la ley al encontrarse en algunos puntos sobre terrenos forestales quemados.

En el trámite parlamentario tuvo que cambiar la redacción tras el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que entendió que vulneraba legislación básica estatal. El Gobierno valenciano finalmente adoptó el texto sugerido por el CJC, de forma que la reforma de la ley forestal mantenía las excepciones a la prohibición de recalificar bosques incendiados pero sólo si no implicaban un «aprovechamiento lucrativo para particulares». Esto es, un «pelotazo» urbanístico.

Sin embargo, el ministerio entonces liderado por Miguel Arias Cañete, continuó cuestionando la constitucionalidad de una reforma de la ley forestal que abre la vía para construir en bosques quemados invocando el «interés general». Ahora, algo más de dos años después, el gobierno de Madrid le otorga esta victoria al ejecutivo de Fabra, al aprobar mediante su Consejo de Ministros una ley estatal que, básicamente, «responde exactamente» a las exigencias del Consell.

«Especulación en bandeja»

Los ecologistas y la oposición, por su parte, entienden que esta norma significa de facto «servir en bandeja a los especuladores» la posibilidad de dar «pelotazos urbanísticos». De hecho, y «aunque no se pudo demostrar», recuerdan los ecologistas, fue tras un incendio forestal en Benidorm cuando se recalificaron los terrenos sobre los cuales se edificó posteriormente el parque temático Terra Mítica.

El gobierno valenciano, que aplaude la ley que finalmente le da lo que pedía, insiste en que el espíritu de dicha modificación era y es la mejora de infraestructuras, «no construir campos de golf». «Serán muy pocos los puntos afectados, algunos concretos. No serán hectáreas», remarcaron.

Se trata, por ejemplo, de labores de construcción de depuradoras, mejoras de curvas o construcción de carreteras, indican desde la Conselleria de Infraestructuras. Con la ley vigente, elaborada en 2006 por la ministra Narbona, en los suelos forestales no se puede realizar ningún tipo de acción, hecho que provoca un «efecto perverso», señalan las mismas fuentes. Con esta ley pueden ver comprometidas no solo pequeñas mejoras, sino grandes obras. «No es el caso del Corredor Mediterráneo porque se está estudiando cada milímetro, pero podría pasar por algún matorral quemado y con la actual ley plantearía un problema», adujeron desde la conselleria. «En ocasiones se trata de terrenos catalogados como forestales pero sin ningún tipo de valor ecológico.

Sin embargo, los ecologistas valencianos -y también a nivel estatal- recelan de la finalidad última de esta modificación. «Con los incendios se hace negocio. No solo a nivel de construcción, sino también con la extracción de biomasa», resaltó Carles Arnal, dirigente de Els Verds-Esquerra Ecologista. El también biólogo indicó que «ocho empresas copan más del 70 % de las ayudas que concede la Conselleria de Medio Ambiente para fomentar la expotación de la biomasa forestal».