El juez mantiene la investigación de las cuentas del director de Vaersa porque no vulnera su intimidad

El juez del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, ha rechazado un recurso del exdirectivo de Valenciana de Aprovechamientos Energéticos y Residuos (Vaersa) Enrique Simó, imputado en un caso en el que investiga una presunta malversación en la empresa, contra la resolución en la que acordó pedir a entidades bancarias que le remitieran los extractos de los movimientos de sus cuentas. El magistrado niega que se vulnere su derecho a la intimidad.

Así consta en un auto, de fecha 13 de enero, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que el magistrado rechaza el recurso de reforma interpuesto por Simó contra una providencia en la que acordó realizar la petición a los bancos. Contra esta decisión cabe poner recurso de apelación.

El magistrado sostiene que la decisión de pedir los extractos de los movimientos de las cuentas de Simó se justifica y motiva en los razonamientos del auto con el que se dio inicio a las diligencias, en el que se decidió investigar el patrimonio del exdirectivo, por lo que se trata de una diligencia derivada de esa resolución.

De hecho, le recuerda, que en la denuncia del fiscal se asegura que Simó y el otro el exdirector denunciado «no solo consintieron sino que detrajeron en su propio beneficio fondos públicos». Además, afirma el juez que la solicitud de sus movimientos bancarios «no vulnera el derecho fundamental a la intimidad del recurrente».

Además, agrega que es una medida o diligencia «necesaria» para conseguir el fin perseguido por la investigación y orientada «al esclarecimiento de los hechos penalmente relevantes objeto de investigación» y que pueden ser constitutivos de delitos graves, de acuerdo con las penas correspondientes para ellos, y sostiene que existe una «adecuación o congruencia» entre esa medida y sus derechos.

La gestión de Vaersa fue cuestionada por la CGT que denunció la compra de 65 vehículos todoterreno por 1,4 millones de euros en 2010; por el pago de productividad a directivos y por el abono de 1,8 millones de euros a un letrado supuestamente contratado a dedo.