El Consell Jurídic Consultiu (CJC) elaboró su dictamen sobre el Plan 9.000 Plazas, que avala las concertaciones públicas a la firma vinculada a la familia Cotino, sin consultar a todo el sector afectado, como fijaba la Abogacía de la Generalitat. Según el propio informe del que fue ponente el consejero Enrique Fliquete, no fueron consultadas ni pudieron presentar sus alegaciones ni Aeste (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia), ni tampoco la Red pública concertada de atención a la dependencia-Aecas, a los que considera «interesados legítimos». La patronal mayoritaria Aerte tampoco dijo la suya pese a que en los recursos por esta normativa ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se encuentra como codemandada.
El trámite de audiencia por parte del Jurídic se otorga a las partes interesadas en el procedimiento, que en este caso son todas las que participan del proceso contencioso-administrativo y que no han sido convocadas, según revela el propio dictamen. Por eso desde Aerte proponen que se anule el documento y se les permita hacer alegaciones contra la resolución y se vuelva a llevar a pleno del CJC. Solo las empresas adjudicatarias como Savia de la familia Cotino tuvieron audiencia antes de la deliberación en pleno del Jurídic.
El bufete del que era asociado el actual miembro del Consell Jurídic Consultiu Enrique Fliquete hizo un buen negocio con el asesoramiento a las empresas concertadas de las residencias de mayores. Años después, Fliquete ha sido ponente del informe que afecta directamente y en parte favorece a estas firmas que, entre 2010 y septiembre de 2011, fueron clientes del área del despacho en el que ejercía la dirección letrada.
Según la propuesta de honorarios de Cuatrecasas a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la tramitación del recurso ante el TSJ contra Bienestar Social tenía un precio de 12.000 euros más IVA. Por el informe jurídico inicial solicitaban 6.000 euros más IVA y por un acto de revisión de actos nulos 9.000 euros más IVA.
Las empresas representadas por el despacho Cuatrecasas en sus recursos contra el Consell y que fueron adjudicatarias del Plan 9.000 Plazas son Residencia Tercera Edad Parque Luz, Quality Senior SL, Vergel Senior SL, Geroresidencias, Servicios Valencianos Sociosanitarios SL, Centros Residenciales Savia SL, Geroresidenciales Solimar SL y Sacova Centros Residenciales SL.
Estas y otras firmas como Gerocleop SL e Instituto Geriátrico Mediterráneo han presentado un documento ante Bienestar Social para mantener el «derecho de exclusividad» de las plazas concertadas, que entienden que el dictamen del CJC no les revoca, y que se amplíe su número de las 4.000 actuales a 6.000, el 100 %.
Según la propuesta de estas empresas, se puede cumplir el dictamen del Jurídic «integrando todas las plazas de accesibilidad en el contrato inicial» de 2001 y que no cuestiona. De lo contrario, aseguran, la Generalitat les tendría que indemnizarles con 200 millones, la inversión no amortizada.
