Un ambiguo informe de la Generalitat abre la puerta a la autorización del «fracking»

El informe elaborado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente sobre la petición de la multinacional Montero Energy para explotar por métodos no convencionales los restos de hidrocarburos „gas y petróleo„ en el área del Maestrazgo contiene formalmente varios requisitos de información complementaria, reivindica la competencia autonómica en materia de impacto ambiental y exige una mayor precisión y detalle sobre algunas operaciones, aunque al mismo tiempo no contiene ninguna descalificación global contra la técnica del «fracking» que haga pensar en un rechazo similar al de otras comunidades autónomas.

El pasado 13 de julio de 2012, la multinacional Montero Energy solicitó la concesión de tres permisos de investigación de hidrocarburos denominados Aristóteles, Arquímedes y Pitagoras, que afectan a 42 municipios de la provincia de Castellón y abarcan un territorio de 195.569 hectáreas.

El 6 de junio de 2014, la Generalitat emitía un primer informe, elaborado por la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente que fue incorporado al expediente que instruye la Conselleria de Industria, Turismo y Empleo.

El informe de Infraestructuras, que el pasado martes fue dado a conocer a iniciativa del grupo parlamentario de Esquerra Unida, revisa someramente los impactos atribuidos a la técnica de la fracturación hidrúlica o «fracking», aunque sin descalificarla.

No obstante tampoco contiene pronunciamentos claros. Asegura el informe que la descripción de los trabajos, así como la caracterizacion y valoración del medio sobre el que se solicitan los permisos de investigación «es somera, inconcreta e insuficiente para una evaluación ambiental correcta.

La Generalitat pide a la multinacional que agrupe los tres proyectos para una mejor evaluación de los posibles efectos acumulativos sobre el medio ambiente y recuerda que los trabajos de fracturación deben pasar el filtro de la ley estatal 21/2013 de impacto ambiental.

En relación a las fases previas de la exploración (años 1 y 2),el informe subraya que la mayoría de los trabajos se desarrollara en terrenos incluidos en la red Natura 2000 y califica de «altamente probable» que conlleven una intervención sobre suelos y vegetación, lo que obligaría a realizar evaluación de impacto ambiental.

Sobre posibles emplazamientos, el documento, que en todo momento s refiere a la pobre información facilitada por Montero, contiene también un condicionante global difícil de acreditar: «Un emplazamiento solo debe seleccionarse si la evaluación de riesgos demuestra que la fracturación hidráulica de alto volumen no va a provocar un vertido directo de contaminantes a las aguas subterráneas, no generará episodios sísmicos intensos, ni va a causar daños a la biodiversidad o a otras actividades que se realicen en las proximidades de la instalación».