Presidencia señaló a cargos afines a Císcar como "topos" del Palau

La primera investigación interna abierta en el Palau de la Generalitat en enero de 2014 para cazar al supuesto topo que filtró documentación sensible de Presidencia concluyó, como era ya conocido, que no era posible identificar al filtrador porque los papeles (entre ellos, el contrato del entrenador personal del presidente Alberto Fabra desvelado por Levante-EMV o su nómina) pasaron por muchas manos y departamentos. Ahora bien, entre líneas, el expediente informativo abierto en Presidencia que implicó el interrogatorio a 15 funcionarios, señaló a cargos afines al vicepresidente José Ciscar, en concreto al ex subsecretario de Presidencia, José Marín, y al entonces secretario general administrativo, José Busó. Ambos fueron apartados con anterioridad a la investigación, una maniobra que ya en su día se interpretó como un intento de marcar de cerca a Císcar, enfrentado a la mano derecha de Fabra, la secretaria autonómica de Organización, Esther Pastor. Un año después de aquel episodio, la letra pequeña del expediente evidencia por donde iban las sospechas. El documento se había mantenido oculto hasta ahora ya que el Consell se había negado a entregarlo a los sindicatos y a EU. Hace unas semanas, Presidencia cambió de opinión y permitió al portavoz de EU; Ignacio Blanco, consultarlo, aunque con la condición de no sacar copias al declararlo secreto. Blanco entregó ayer a los periodistas una copia manuscrita de un informe de cuatro páginas de las que tachó los nombres de los funcionarios (no le dejaron ver los anexos con la transcripción de los interrogatorios). El diputado destacó dos párrafos donde se «insinúa» que dos excargos pudieron ser los topos. Así, la instructora (se le asignó el expediente a una funcionaria desplazada ad hoc al Palau) relata que en 2012 y 2013 (de cuando datan las facturas de caja fija filtradas) era habitual que los papeles que llegaban al subsecretario para su firma se depositaran en una mesa ubicada en la antesala de su despacho «de fácil acceso y sin puertas». Una vez firmadas las facturas, «el subsecretario daba instrucciones a su secretaria para fotocopiar determinada documentación que había seleccionado previamente». El documento precisa que al acabo del tiempo «días o semanas» el subsecretario devolvía las copias a la secretaria «para que ella las guardara en un cajón bajo llave». Añade que las fotocopias fueron destruidas por la secretaria cuando Marín cesó en su puesto.

Por otro lado, el escrito afirma que el secretario general solicitó una copia en julio de 2013 «sin explicar por qué» de la nómina de junio del presidente (que acabó en poder de la prensa) y del certificado de empadronamiento de los altos cargos que percibían la indemnización por residencia. Busó le entregó la copia a Marín. A Busó se le pidió explicación por la petición de la nómina y esté lo atribuyó a un problema con la Intervención con otro cargo que demandaba el plus del pisito. La instructora concluye que no hay pruebas para determinar el autor o autores porque la documentación filtrada pertenecía a muchos servicios y era «casi imposible» que ninguno de los funcionarios participara en la tramitación de toda la documentación. De ahí que «sólo los que hayan tenido acceso a toda la documentación pudiera ser el autor o autores de dichas entregas». En el inicio del informe se hace un resumen del itinerario de los documentos (se citan muchos departamentos) aunque el destino final es el Palacio de Valeriola, sede de la vicepresidencia, para la firma del subsecretario, paso previo a enviarlos a la Intervención, que custodia los originales.

Blanco, que subrayó el hecho de que sólo se interrogó a funcionarios a los que se les advirtió que lo declarado «podía ser utilizado en su contra» y a ningún asesor ni alto cargo ni si quiera a los señalados, habló ayer de «chapuza» y recordó que este episodio fue seguido por el del interrogatorio al asesor de prensa de Císcar por el jefe de seguridad de Fabra (un caso destapado también por este diario que ha acabado en los juzgados).