El TSJ condena a la Generalitat a pagar más intereses por las obras aplazadas

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condena a la Generalitat a pagar más intereses de demora por las obras aplazadas. Una sentencia de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV da la razón a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y anula la clausula de un contrato de obras en Castelló, adjudicado por la Conselleria de Infraestructuras en 2010 durante el mandato del entonces conseller Mario Flores, con la que la Generalitat pretendía pagar intereses de demora menores a los previstos en las leyes estatales.

La Generalitat ha batallado desde 2011 para evitar tener que pagar más a los contratistas de obra pública. Primero rechazó un recurso especial en materia de contratación interpuesto ante la Conselleria de Infraestructuras, que se desestimó el 20 de septiembre de 2011, ya bajo mandato de la actual titular del departamento, Isabel Bonig. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) presentó el recurso contencioso-administrativo que la Abogacía de la Generalitat pretendía que se desestimara alegando que la clausulas impugnadas por la CNC (el pago aplazado con menores intereses de demora que los estatales) «estaban amparados por el artículo 86» de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2005 (durante la etapa de Gerardo Camps al frente de la Conselleria de Economía y Hacienda).

Pero todos los esfuerzos han sido en vano ya que, como recuerdan los magistrados de la sección cuarta de lo contencioso-administrativo del TSJ, en las clausulas del contrato de la discordia recurrido «se establecen unos plazos de pago y unos intereses de demora contrarios a la normativa estatal, siendo el Estado el único competente para regular esta materia». Por ello estima el recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) respecto al pliego de las obras de la plataforma reservada al transporte público en la calle Zaragoza y el bucle de centro ciudad en Castelló.

El TSJCV se ha basado para tomar esta decisión en una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló un artículo de la ley de presupuestos de Cantabria de 2011, que regulaba el pago aplazado del precio de los contratos administrativos y que el alto tribunal consideró que vulneraba la ley de contratos del sector público, según una sentencia dictada en abril de 2014.

El Constitucional dictamina en este fallo que «el régimen de prohibición del pago aplazado es indiscutiblemente básico» [de competencia estatal] por regular un aspecto nuclear de la contratación administrativa como por su conexión con el principio de estabilidad presupuestaria». Una sentencia que, según advierte el TSJCV, es «completamente aplicable» al caso recurrido en la Comunitat Valenciana.

Según fuentes del sector de la construcción la Generalitat deberá hacer frente, tras este fallo, al pago de unos intereses de demora de alrededor 500.000 euros sólo en el caso del contrato de construcción de la plataforma de transporte reservada en Castelló. Tras este fallo puede producirse una presentación en cadena de reclamaciones por intereses de demora por parte de las empresas constructoras a las que la Generalitat aplicó el pago aplazado con intereses inferiores a los legales.

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