"Los vecinos de Oliva esperan más de sus gobernantes"

La diputada de Compromís Mireia Mollà tildó ayer de «insultante y denigrante para la mujer» la decisión de la exalcaldesa de Oliva, Chelo Escrivá, de contratar, con dinero público, a José Vicente Gómez Tejedor, abogado de Augusto César Tauroni en el caso Cooperación, por el que el empresario y el ex conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, fueron condenados a ocho años de cárcel. Fue en el contexto de este juicio cuando trascendieron unas conversaciones entre Tauroni y Gómez Tejedor en 2011 en las que el letrado hablaba de «violar» o de hacer «alguna barbaridad» a la diputada de Compromís, tal como ayer reveló Levante-EMV.

«Los vecinos de Oliva esperan más de sus gobernantes, esperan que no den pábulo a personajes de esta talla. Seguro que habrá quien le parezca una curiosidad, pero demuestra la altura de miras y la talla moral de los dirigentes de Oliva», indicó la diputada de Compromís, que recibió el amparo de la Mesa de las Corts tras las declaraciones de Gómez Tejedor.

«La calidad de los dirigentes políticos queda muy cuestionada y no sé cómo va a ser profesional tiene un señor que se supone que defiende las leyes pero que verbalmente incita a un condenado por corrupción a cometer un agresión sexual», lamentó Mollà, que afeó a los dirigentes del PP que se vinculen «a gente con actitudes que verbalizan agresiones sexuales». La diputada de Compromís, además, asegura que el letrado no le ha pedido disculpas: «No se ha atrevido a llamarme». Además, recalca que Gómez Tejedor «ha intentado insinuar» que la documentación que desveló ella misma y la diputada del PSPV Clara Tirado «puede haber sido obtenido de manera delictiva».

Además, se muestra escéptica sobre si el PP de Oliva puede dar marcha atrás en la decisión de contratar con dinero público a este letrado en una querella en la que está implicada Escrivá por los ruidos y las licencias de los chiringuitos de la playa. «Entiendo que les da igual, este señor trabaja con otros ayuntamientos», indicó Mollà. Oliva decidió, en un pleno, que la defensa de los ediles en los pleitos en los que estén implicados por asuntos relacionados con su gestión sea sufragada con cargo al consistorio.