El Consell abre la puerta a que las firmas que se vayan fuera devuelvan las ayudas

Frenar la sangría de empresas que han gozado del aliento público de la Generalitat a través de subvenciones y que ahora, por motivos de estrategia empresarial o para mejorar la productividad por la vía de costes salariales inasumibles en Europa, bajan la persiana y trasladan su producción a otras zonas de España o a otros países. Con esa filosofía, o al menos la de que haya un retorno para la C. Valenciana de los fondos públicos invertidos en su día, el PSPV propone elevar a rango de ley el que las industrias que se deslocalicen y que hayan recibido ayudas de la Generalitat tengan que devolver esos recursos. La propuesta forma parte de una paquete de enmiendas al proyecto de ley de Hacienda que la comisión de Economía debatió ayer en las Corts.

Los populares hicieron valer sus votos para tumbar la medida „que todavía deberá debatirse en el pleno„, pero plantearon un texto alternativo que abre la puerta a que en las convocatorias de subvenciones «podrá incorporarse la exigencia de un compromiso de deslocalización empresarial». Todo ello, «previo desarrollo reglamentario», donde se acoten, entre otros, los «efectos concretos». El socialista Francisco Toledo no admitió la enmienda al entender que representa un compromiso muy difuso y, además, solo afecta a subvenciones por convocatoria, no las ayudas nominativas o de otro tipo. Y avanzó que, en caso de que no prospere, el PSPV registrará una proposición de ley para otorgar el máximo rango a esta iniciativa. El popular Rubén Ibáñez dijo compartir la medida, avanzó que van a «seguir negociando con el PSPV» y se mostró seguro de llegar a un acuerdo.

Ya existe en el País Vasco

Toledo, quien recordó que esta medida ya existe en el País Vasco, aludió a la deslocalización de firmas como «Galmed, Bosal, Tumesa o Coca-Cola». Bosal, recordó, recibió a principios de los 90 1,6 millones del Consell que ahora tendría que devolver. El resto, en caso de no contar con fondos a retornar, se vería «penalizado» con la prohibición de recibir cualquier tipo de subvención o ayuda durante 8 años.

El socialista reclamó «garantizar la contribución efectiva y sostenible» de las subvenciones otorgadas «al desarrollo de la C. Valenciana». Las enmiendas definen la deslocalización cuando se produzca el cese o «una reducción significativa de la actividad» y, simultáneamente, o en el plazo de los tres años inmediatos anteriores o posteriores, se desarrolle en otros lugares fuera del territorio valenciano la misma actividad, ya sea por la misma entidad u otra vinculada. Eso afectará a las firmas que cierren total o parcialmente, reduciendo su plantilla a menos de la mitad de la media de los dos años anteriores. Igualmente, se considerará tanto el inicio de la misma actividad en otros lugares como el incremento en la misma proporción al que dejó de ejercerse en la C. Valenciana.

Solo si acometen nuevas inversiones en otras áreas quedarían exentos. La «declaración de deslocalización» comportará el reintegro de las cantidades percibidas, junto con el interés de demora, en los ocho años anteriores a la misma.