Tras mantenerlos dormidos más de un año en el cajón, el PP reactivó ayer en las Corts, por sorpresa, los proyectos de modificación de las leyes de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y del Consell Valencià de Cultura. Unas reformas que las instituciones de autogobierno „que se han negado a someterse a los criterios lingüísticos del Gobierno y de los populares o que han lanzado duras críticas contra otras iniciativas del Consell como la ley de señas de identidad„ han acogido como una agresión. La Junta de Portavoces de las Corts fijó el orden del día del pleno de la próxima semana, que arrancará con ambos debates. Ninguna de las dos iniciativas saldrá adelante ya que el PP no cuenta con la mayoría de tres quintos para aprobarlas. Formalmente pretenden reducir de 21 a 15 el número de sus miembros. Pero, en el caso de la Acadèmia, esconde un calado mucho mayor, toda vez que, aprovechando la jibarización, se plantea volver a poner a cero el contador de los 15 años de tutela política de la entidad normativa sobre el valenciano. Ese es el periodo, cercano a expirar (lo hará en 2016), a partir del cual los académicos ya no se elegirán a propuesta de los partidos, sino que ellos mismos, por cooptación, harán las renovaciones.

Fue el sistema pactado en 1998 entre el expresidente Eduardo Zaplana y el entonces líder socialista, Joan Romero, para que el fin a la batalla lingüística perdurara en el tiempo al apartar a los partidos de las cuestiones lingüísticas. Previamente, el Consell de Cultura había fraguado el «pacto lingüístico». La designación en 2001 de los primeros 21 académicos, elegidos por mayoría de dos tercios, completó la paz lingüística. Los populares situaron a la mayoría de miembros en un órgano que agrupó al valencianismo de todas las sensibilidades. Pero los académicos han acabado consensuando una definición de valenciano en su Diccionari Normatiu como lengua «compartida» con otros territorios, como Cataluña. El PP y el Consell han conminada a la AVL a rectificar. El siguiente paso del Ejecutivo ha sido impulsar una ley de señas de identidad en la que se ha excluido a la AVL y al CVC y que, como alertó el presidente del Consell Jurídic, Vicente Garrido, podría amparar el uso de un valenciano no reconocido por el ente estatutario.

El PP redobla así su ofensiva identitaria y lingüística a solo cuatro meses de unas elecciones en las que las encuestas arrojan serias dudas de que pondrá mantenerse en el poder. Y lo hizo el mismo día en que los populares, con el presidente Alberto Fabra a la cabeza, se volcaron en el homenaje a la secesionista Real Academia de Cultura Valenciana. «Ya es campaña electoral en las Corts», definió gráficamente el síndic de EU, Ignacio Blanco. El socialista Antonio Torres enfatizó que los debates serán «una pérdida de tiempo», ya que los proyectos de reforma «no se van a aprobar» porque están blindados por el Estatuto y toda la oposición los rechaza. El fracaso cantado del Consell, sin embargo, evidencia todavía más el gesto político de llevar a la primera línea, en precampaña, el debate lingüístico. Más aún cuando los proyectos han estado hibernando desde noviembre de 2013, cuando salieron de comisión.

«Ajustar la AVL al Estatuto»

El portavoz del PP, Jorge Bellver, defendió por «austeridad» las reformas pero, a la pregunta de si cree conveniente reinstaurar el periodo de tutela política, respondió: «Sí, la propuesta es coherente porque busca ajustar la ley de la AVL al Estatuto de 2006 y reducir sus miembros». Matizó que es una iniciativa, «no del grupo popular, sino del Consell» y que por este motivo no podía dejarla morir sin llevarla a pleno antes de acabar la legislatura. Blanco acusó al PP de «reavivar el conflicto lingüístico» y Enric Morera (Compromís) denunció que los populares «quieran acabar su etapa nefasta de 20 años dinamitando nuestro autogobierno». Por contra, Bellver sostuvo que la oposición «sigue apoyando la filosofía pancatalanista pero ahora lo hace con miedo, escondiéndose».

Paralelamente, Torres anunció que el PSPV pedirá la devolución al Consell de la ley de Señas de identidad por «innecesaria» y suponer «un insulto a la inteligencia» y un «ataque frontal» al Estatuto y sus instituciones, al tiempo que avanzó que no presentarán enmiendas parciales y, por tanto, se ausentarán de la comisión cuando se debatan las alegaciones. Algo que, para el PP, es una «huida hacia adelante». «Nos borramos, igual que hicimos con la reforma del Estatuto de Fabra [en la que toda la oposición dejó solo al PP en la comisión], porque no estamos para perder tiempo», dijo Torres. Al no presentar enmiendas parciales se evitará el tener que mojarse sobre señas incluidas por el PP, como los bous al carrer o el carácter «individualizado» del valenciano

El socialista Miguel Ángel Guillén censuró que la norma es «una ley mordaza», ya que, a través del Observatorio de Señas de Identidad, supondrá «reinstaurar la Inquisición y la caza de brujas para perseguir a todo aquel que disienta de la visión oficial». En ese Observatorio, que instará la pérdida de subvenciones del Consell por «atentar» contra las señas y el carácter «individualizado» del valenciano, el Ejecutivo ha integrado a la RACV y Lo Rat Penat, y excluye a la AVL y al CVC.