En el caso Emarsa se dan cita los mejores abogados, o los más prestigiosos, de Valencia y Madrid. Las sumas que han percibido los letrados de alguna de las acusaciones, como la que paga la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), o los principales imputados han sido muy elevados. Pero el desembolso en defensa jurídica para los implicados en esta causa no ha terminado. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha autorizado a los procesados Jose Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y exjefe de Explotaciones, a usar 50.000 euros embargados para continuar con su defensa, según el auto judicial al que ha tenido acceso Levante-EMV. Aunque sólo para el escrito de conclusiones que han presentado recientemente, ya que el magistrado considera que no tiene competencia para liberar dinero para su defensa en el juicio, que realizará otro tribunal y que reclaman Bernácer y Morenilla hasta alcanzar los 150.000 euros.
De quien sí que tienen permiso ambos procesados para liberar más dinero embargado es de la Fiscalía. El ministerio público no se opone a que estos dos procesados desbloqueen 150.000 euros para pagar a sus letrados por el trámite de calificación, la asistencia en la vista oral y el asesoramiento en la otra investigación abierta contra uno de ellos en el Tribunal de Cuentas. El permiso es imprescindible porque tienen todos sus bienes embargados para cubrir una posible responsabilidad civil compartida entre las 25 personas que se sentarán en el banquillo.
Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, José Juan Morenilla solicita 30.000 euros para pagar a su abogado por el trámite de calificación, 50.000 para los gastos de asistencia e intervención en el juicio y otros 10.000 para su representación ante el Tribunal de Cuentas, donde también hay una investigación abierta paralela al caso Emarsa. Morenilla tiene en estos momentos todos sus bienes embargados para afrontar una presunta responsabilidad civil de 13,7 millones de euros. Para ello, solicita que se le desbloqueen activos financieros en empresas del IBEX 35 y un seguro de vida. El juez sólo le permite desbloquear 30.000 euros. La fiscal estaría de acuerdo en que consiguiera 90.000 euros.
Por su parte, Ignacio Bernácer ha solicitado que se le habilite una suma de 20.000 euros para hacer frente a los trámites de calificación y 40.000 euros para la asistencia en el juicio. El exjefe de Explotaciones de la Epsar también se enfrenta a una responsabilidad civil de 13,7 millones por el presunto saqueo en la gestión de los lodos. En este caso, reclama que le desbloqueen 60.000 euros en acciones y dinero en fondos de inversión. El juez le permite disponer de 20.000 euros. El ministerio fiscal le autoriza todo lo solicitado.
El juez reconoce en su auto que «obran en la causa indicios racionales de criminalidad respecto a Morenilla (también sobre Bernácer) y se han formulado escritos de acusación contra el mismo por el ministerio fiscal y las dos acusaciones particulares y la acusación popular personadas», pero afirma que «aun cuando la protección de las víctimas sea una de las funciones esenciales del proceso penal y por ello se han adoptado múltiples medidas cautelares de carácter real en esta causa, es evidente que debe evitarse, ante la contradicción de derechos fundamentales en juego en el proceso, que un derecho fundamental cual es el de defensa no puede efectivamente ejercitarse».
Por tanto, les permite liberar dinero embargado para pagar a sus abogados «si bien única y exclusivamente en la cantidad correspondiente a la fase del proceso respecto a la que el magistrado-juez tiene competencia funcional y acreditada que ha sido la presentación del escrito de defensa por parte de la representación procesal del acusado».
La Emshi sacó a concurso la asistencia jurídica y representación letrada entre 2012 y 2016 por 600.000 euros. La entidad metropolitana ejerce la acusación particular, que en la actualidad asiste el bufete Garrigues y por el que percibió más de 70.000 euros sin licitación. La asistencia jurídica se basa principalmente en llevar la acusación en el caso Emarsa. Por su parte, el exgerente Esteban Cuesta reveló que pagó 200.000 euros a su abogado antes de que lo abandonara y tuviera que acudir a la justicia gratuita. Como otros imputados.
