Otros 201 millones de supuestos ingresos en 2015 que se ´caen´ del presupuesto. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad del impuesto sobre depósitos bancarios de la C. Valenciana, ya que considera que su hecho imponible coincide con el del impuesto estatal, cuya constitucionalidad ha confirmado, según se encargó en informar ayer el propio Ministerio de Hacienda. El TC ha avalado la creación de un impuesto estatal simbólico a los depósitos bancarios, tras rechazar el recurso presentado por el Parlamento de Cataluña, comunidad autónoma que, como la valenciana, había aprobado uno, frente al de tipo cero del Estado (finalmente, del 0,03 %).

Para el Constitucional, el Estado no ha vulnerado la autonomía financiera de las comunidades autónomas al fijar un impuesto que asegura un tratamiento fiscal armonizado y garantiza «una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema financiero».

En los Presupuestos de la Generalitat para 2015, el Consell fijó un ingreso de 201 millones por la recaudación de su impuesto bancario, al tiempo que consignó igualmente los únicamente 29 millones que le corresponderían en compensación por la tasa estatal. Tras el fallo del TC, el Consell solo ingresará 29 millones y perderá esos 201.

Ayer, la Conselleria de Hacienda avanzó que negociará con el Estado distintas vías para compensar esos 201 millones que tenía presupuestado ingresar. Fuentes del departamento que dirige Juan Carlos Moragues indicaron que se buscarán ahora otras fuentes de ingresos para compensar el montante que se dejará de ingresar al anularse el impuesto sobre depósitos, como por ejemplo a través del anticipo del Fondo de Competitividad. El presidente Fabra dejó en 350 millones la reclamación del anticipo del Fondo que se cobra en 2017; ahora necesitará ya como mínimo 551.

Así las cosas, el portavoz de Economía del PSPV en las Corts, Julián López, censuró la «incompetencia» del Consell. Y es que el PSPV propuso al Ejecutivo en diciembre de 2012 regular «in extremis» la tasa, pero Fabra se negó en redondo. Lo hizo un año después, cuando ya era tarde, con lo que «se han perdido 200 millones para sanidad, educación y servicios públicos». «Este Consell es rápido a la hora de meter la mano en el bolsillo a mayores y discapacitados con nuevas tasas pero no lo es con los bancos y ahora pagamos las consecuencias», se lamentó.