Los sucesivos mecanismos de pago a los proveedores facilitados por el Gobierno central no han sido suficientes para dejar vacía la mochila de facturas pendientes de pago, sobre todo, las de índole sanitaria. Las deudas a los proveedores siguen siendo un problema para el Ejecutivo de Alberto Fabra que, no obstante, se ha puesto como objetivo reducirlas al máximo. Por lo pronto, este año se limpiarán más de 90.000 facturas que todavía estaban pendientes de pago provenientes de 2014 y ejercicios anteriores. Así, lo decidió el Consell en su reunión del pasado 27 de febrero, un acuerdo del que no se informó en la rueda de prensa posterior al pleno, y que fue hecho público ayer con su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. En concreto, el Gobierno valenciano autorizó la imputación con cargo al presupuesto de 2015 de obligaciones contraídas durante el ejercicio 2014 y anteriores «con distintas empresas que han realizado de conformidad servicios y suministros a los departamentos de Salud de la Conselleria de Sanidad».

En concreto, se trata de nada menos que 93.829 facturas por un importe de 413 millones de euros «pendientes de liquidar» que, según especifica el Consell, no habían sido incluidas en ninguno de los mecanismos de pago a proveedores. Estas facturas no fueron aplicadas en su momento al presupuesto del ejercicio en el que se contrajo la obligación y permanecían en el denominado «cajón legal» de la Generalitat, es decir, contabilizados en una cuenta en espera de consignación presupuestaria, la cuenta 409. Cabe recordar que el Consell de Fabra tuvo que desterrar la práctica de las facturas en los cajones, es decir, gastos que ni si quiera eran contabilizados y que quedaban ocultos al presupuesto. El Ejecutivo sostiene que sacó a luz todas las facturas en las cajones de épocas anteriores cuando la Generalitat se acogió al primer plan de pago a proveedores.

La disponibilidad económica llegó, según reza el acuerdo, con la liquidación y cierre del ejercicio de 2014, ya que se originaron «remanentes de crédito en en el capítulo II de la sección 10», es decir, en el capítulo de gasto corriente de la Conselleria de Sanidad. Estos remanentes tan inhabituales en una conselleria que siempre se queda corta en presupuesto son en realidad consecuencia de la recepción por parte de la Generalitat de fondos del FLA que llegaron a finales de diciembre de 2014. El Consell usará este dinero para saldar la deuda con los proveedores sanitarios.

Con todo, el acuerdo que ahora sale a la luz pone de relieve las dificultades financieras que sigue teniendo la Generalitat. De hecho, el Consell justifica el importe impagado en «los graves problemas de financiación que han arrastrado las comunidades autónomas, de los que la Comunitat Valenciana, no han sido ajena». Añade, que la infrafinanciación ha producido «un progresivo agravamiento del problema de los impagos a proveedores de bienes y servicios, con especial impacto en las pequeñas y medianas empresas».

En concreto, se trata de trabajos realizadas por empresas en centros sanitarios. El Consell aduce que este tipo de trabajos dan lugar a un «elevado volumen de expedientes administrativo-económicos, de contratación, etc, que, según la programación efectuada o por necesidades sobrevenidas, se sustancias en momentos distintos del ejercicio presupuestario».

También se ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión, las consecuencias que para la Administración tienen los impagos ya que «se hace evidente la existencia de una obligación de resarcimiento al tercero por el desequilibrio patrimonial ocasionado». Cabe recordar que el Consell lleva años teniendo que hacer frente al pago de intereses de demora por los retrasos a la hora de abonar las deudas a los contratistas.