El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó ayer ante el Defensor del Pueblo el escrito por el que le solicita la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas de la Generalitat, que valida el copago en residencias tras haberlo ilegalizado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Además, el pasado viernes recurrió ante el TSJ la Orden 34/2014, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social que regula las aportaciones de los dependientes valencianos que tienen cuidadores familiares.

El Cermi estatal (plataforma de representación del sector de la discapacidad) propone al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el copago en los centros de discapacitados porque la Generalitat «no es competente» para regular esta materia, según explicó el presidente del Cermi en la C. Valenciana Joan Planells. Esta es la segunda alternativa que tiene esta plataforma para llevar la normativa autonómica al Alto Tribunal. La otra vía se la han asegurado, ya que el PSOE se ha comprometido a presentar un recurso de inconstitucionalidad a través de 50 de sus diputados en el Congreso o de sus senadores. De momento, según explicó Planells, los socialistas no lo han presentado aún.

El Cermi está intentando recoger 500.000 firmas para evitar el «copago confiscatorio» y que sólo paguen los dependientes con ingresos superiores a los 1.331 euros mes. Los discapacitados pretender cambiar la Ley de la Dependencia para que se regulen las aportaciones extra de los usuarios y no sea cada autonomía la que lo haga. Consideran que es una competencia estatal.

En esa línea presentaron la pasada semana otro recurso ante el TSJ contra la orden de la Conselleria de Bienestar Social de 22 de diciembre de 2014 que prorroga la anterior norma sobre el copago a los dependientes con cuidados de sus familiares.

Joan Planells defendió que esta vez el Cermi sí que ha recurrido ante el TSJ el copago a dependientes y en 2012 no lo hicieron porque los engañaron. Según el presidente del Cermi, en la primera orden fueron engañados por la Conselleria de Bienestar Social al realizarles «promesas de cambio que no cumplieron». «Ahora han querido reformar la norma de 2012, pero continúan sin tener competencia para hacerlo. Lo ha dicho el propio TSJ en algunas de sus sentencias», argumentó Planells.