Donde dije, digo, digo, Diego. La Junta de Portavoces de las Corts se reunirá hoy de urgencia para aprobar una rectificación en toda regla del acuerdo por el que los diputados han recuperado casi íntegra (hasta el 97 %) la paga extraordinaria de 2012, cuando a los funcionarios de la Generalitat, al igual que a los del Estado, solo se les ha abonado el 25 %. Después de que el sábado Levante-EMV destapara el cobro, el líder del PSPV, Ximo Puig, salió a la palestra para desautorizar a sus diputados y exigirles la devolución. También desde Compromís y EU apoyaron el reintegro con el argumento de que la Mesa de las Corts no les informó adecuadamente del alcance de la decisión. El PP, sin embargo, se mantenía férreo en el cobro. Sin embargo, ayer el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, telefoneó por la mañana al titular de las Corts, Alejandro Font de Mora, para darle instrucciones de que se dejara sin efecto la medida, de tal manera que los diputados recuperen únicamente, como el resto de funcionarios del Consell, el 25 % de la extra a la que renunciaron en 2012 en solidaridad con los empleados públicos.
Fabra, según fuentes de Presidencia, está muy molesto con lo ocurrido ya que no tenía información de lo que cocinaban los parlamentarios y se enteró el sábado por Levante-EMV. De hecho, los altos cargos del Consell ya se devolvieron lo mismo que los funcionarios, el 25 %. El jefe del Consell habló también con el síndic del PP, Jorge Bellver, para informarle de su conversación con Font de Mora y pedirle que buscaran ambos la fórmula para deshacer los pagos. El presidente dejó claro que no aceptaría pretextos jurídicos e incluso añadió que, si el reintegro no es posible, se ordenara a los diputados que cedieran el dinero a la Casa de la Caridad o al Banco de Alimentos.
La orden de Fabra provocó que Bellver registrara una petición de reunión «urgente» de la Junta de Portavoces para hoy, con el fin de que los servicios jurídicos y económicos «ajusten el reintegro» de la paga extra de los diputados «a lo previsto para la generalidad de los funcionarios» de la Administración autonómica. Previamente, el síndic del PSPV, Antonio Torres, y el de Compromís, Enric Morera, también habían reclamado la reunión de urgencia de la Junta de Síndics para que los parlamentarios se equiparen a los 44 días que se ha abonado a los funcionarios de la Generalitat (en lugar de a los 179 pagados a los empleados de las Corts bajo el paraguas de que la supresión de la paga en la Cámara se hizo efectiva el 29 de noviembre de 2012, en vez del 14 de julio del decreto estatal, fecha de aplicación al Consell).
Una «disfunción»
Precisamente, Bellver explicó ayer que en 2012 los grupos, al renunciar a la paga «por solidaridad y justicia» con los empleados, se «equipararon» a los funcionarios de las Corts. Por ello, cuando ahora se planteó la devolución, la decisión «unánime» de todos fue «volver a equipararnos con ellos». «Seguramente, la base del acuerdo de 2012 es el origen de la disfunción actual en la devolución», recalcó. Entre los diputados, no son pocos los que apuntan a los servicios de la Cámara como responsables, ya que éstos invocaron los días devengados para el cómputo de la paga porque era el criterio que más les convenía a su bolsillo, cuando al personal de Justicia, en la misma situación (la decisión no se adoptó hasta final de año), el Consell no le ha reconocido el 100 % sino el 25 %.
La decisión de recuperar la paga la adoptó la Mesa en diciembre, pero «condicionada» a que los grupos dieran el sí en una reunión de la comisión para Asuntos Económicos de la que forman parte los miembros del órgano rector del Parlamento, la socialista Ana Barceló y el popular Rafael Maluenda. Esa reunión, que se celebró antes de comer durante uno de los plenos de presupuestos de diciembre, fue informal y no hay acta. A la cita acudieron Mònica Oltra (Compromís) e Ignacio Blanco (EU), además de Bellver y Torres. Los dos primeros enfatizaron que cualquier acuerdo no debía conllevar «privilegio» y había de ser «en pie de igualdad» con los funcionarios. Se les dio garantías de que así sería. Sin embargo, no se les explicitó „según aseguran ahora EU y Compromís„ que la situación de los empleados de las Corts ya era de privilegio respecto al resto de empleados del Consell, lo que colocaba a los diputados también en posición ventajista.
