El PSPV-PSOE, en colaboración con otras fuerzas políticas y agrupaciones locales, iniciará procesos judiciales contra aquellos alcaldes de la provincia de Valencia que no acepten retirar la simbología, menciones conmemorativas o distinciones a personalidades franquistas.

La dirección provincial socialista y el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica han iniciado una colaboración en ese sentido con el abogado Eduardo Ranz, quien ha puesto en marcha una denuncia colectiva contra cerca de 40 alcaldes y municipios españoles por incumplir la ley de la Memoria Histórica.

El secretario general socialista de la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, aseguró ayer que, aunque ya tienen claro que tanto Valencia como Xàtiva incumplen la legislación, revisarán todos los municipios de la provincia.

En aquellas localidades en las que detecten la existencia de simbología franquista se ejercerá primero el derecho de petición al ayuntamiento para que retire esos símbolos y reconocimientos, y en función de la respuesta, iniciarán procedimientos judiciales, si corresponden.

El objetivo es sumarse a la ampliación de la denuncia que Ranz hará el 14 de abril, coincidiendo con el aniversario de la II República, para añadir nuevos municipios y pedir también la retirada de honores y distinciones, así como de calles dedicadas a personas relacionadas con el franquismo.

«Este país no puede tener reconocimientos a personas que persiguieron, y consiguieron, acabar con las libertades», aseguró Ábalos, quien criticó la actitud de los alcaldes de Valencia, Rita Babrerá, y Xàtiva, Alfonso Rus, que se han opuesto a las peticiones de la oposición para retirar esa simbología.

Ábalos afirmó que en Alemania sería «inconcebible» que existieran calles con nombres de dirigentes nazis, y señaló que esto es «la versión castiza de aquello», al tiempo que acusó al PP de haber convertido la ley de la Memoria Histórica en una norma «decorativa». Matías Alonso, por su parte, explicó que aún están recabando información pero se han facilitado los casos de Valencia y Xàtiva por haber en ellos «elementos suficientes para poner en marcha esta denuncia».