Una única funcionaria de la Generalitat Valenciana se encarga de validar los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), que se se ha revelado como un instrumento esencial para descubrir posibles impactos sobre la salud de los ciudadanos de las actividades más contaminantes y que permite, entre otras aplicaciones, establecer correlaciones entre las emisiones/vertidos y los indices de mortalidad de una comarca.
Los datos aportado por el PRTR, sumados a la estadística sobre mortalidad que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), son los que han permitido descubrir la anormal relación entre el número de muertes por cáncer en la proximidad de las instalaciones que fabrican cemento, cal y yeso en España, que forman parte del PRTR.
Según los autores de este trabajo, del Instituto de Salud Pública Carlos III, desvelado por Levante-EMV en su edición de ayer, este tipo de registros proporciona información «útil en estudios epidemiológicos» siempre que los datos ofrecidos sean fiables.
El portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, desveló ayer que el registro contiene «errores» y entre los más evidentes subrayó los relacionados con las cementeras, objeto del estudio del Instituto Carlos III.
Según explicó Carlos Arribas, en la Comunitat Valenciana existen «unas seiscientas instalaciones», «obligadas» a facilitar información anual que debe avalar y supervisar la Generalitat Valenciana. «En los inventarios del último año las tres cementeras valencianas: Sagunt, Buñol y San Vicente del Raspeig, aparecían sin emisiones de CO2, algo que es literalmente imposible a no ser que estuvieran paradas».
«Preguntamos la razón y nos dijeron que las emisiones no habían llegado al umbral mínimo que obliga a su declaración„100.000 toneladas/año„ . Insistimos y al final admitieron que les había 'bailado' un cero y han tenido que rectificar», explicó.
Ecologistas en Acción rechaza la existencia de estos umbrales mínimos en la declaración, inexistente en otros países, y que pueden llegar a distorsionar la información ofrecida. «Pueden existir„de hecho ocurre„ varias instalaciones próximas emitiendo una misma sustancia tóxica sin que tengan que llegar a declarar, cuando la suma de todas arroja volúmenes importantes que pueden tener una incidencia sobre la salud».
Según Arribas, al margen de la discrepancias sobre la norma y su aplicación, el «incidente» desveló que solo hay una funcionaria adscrita a este registro, que antes de los recortes presupuestarios contaba con una asistencia externa de apoyo y velaba por la fiabilidad de los datos ofrecidos.
En este registro se pone a disposición del público información sobre las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de las sustancias contaminantes y datos de transferencias de residuos de las principales industrias y otras fuentes puntuales y difusas, de acuerdo a lo establecido en la legislación internacional (Protocolo de Kiev y Convenio de Aarhus), europea (Reglamento E-PRTR) y nacional.
El registro permite consultas a nivel de complejo industrial o agregada por sectores de actividad, sustancias contaminantes, tipo de residuo y ámbito geográfico, etc.
Por esta vía es posible conocer la carga contaminante que soporta una población concreta y relacionarla en estudios epidemiológicos o ecológicos como los que han desvelado la importante incidencia de 4 tipos distintos de cáncer en el entorno de la cementera de Sagunt.
