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La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana recuerda que las carreteras españolas están abocadas al pago por el uso de las autovías «por imperativo europeo y del mandato "quien contamina paga", y la implantación de la euroviñeta que deberá implantarse sí o sí», tras abrirse el debate sobre la finalización de la concesión de la AP-7 en 2019, en el tramo valenciano.

Tras años de «presupuestos raquíticos en cuanto a recursos para conservación de carreteras, no podemos heredar una autopista de unos 240 kilómetros y, en paralelo, no «dotarla anualmente de presupuestos para su conservación. Es como heredar una casa con una gran hipoteca».

Por ello, la Cámara de Contratistas opta „como señala desde hace años la Asociación Española de Carretera„ preferiría que se convocara «un nuevo concurso para diez años años que implantara un peaje blando para todas las autopistas y autovías, a cambio de que el concesionario cargue con la conservación y mantenimiento con índices de calidad exigibles y homologables». Además, en el caso de la Comunitat Valenciana «la nueva concesionaria debería hacerse cargo de ejecutar las conexiones necesarias entre la N-340, la N-332 y la autopista para que de verdad fuera operativa». Los contratistas añaden que «todo lo recaudado por el peaje blando tiene que ser finalista e invertirse en carreteras: dos terceras partes para conservación y un tercio al transporte. para promover un plan PIVE para vehículos no contaminantes y la renovación de flota».