Los tres liquidadores de RTVV —Carlos Cervantes, José Hernández y Enrique Blasco— han dejado para después de Fallas, concretamente para el 23 de marzo, la comunicación del despido de catorce representantes de los trabajadores en Canal 9, la mitad de los miembros del comité y delegados sindicales que siguen en la casa. La elección de la fecha responde, según adujeron, a que los días falleros son complicados a efectos de comunicar despidos. La ley establece que los últimos en rescindir la relación laboral de una empresa en extinción son los miembros del órgano de representación de los trabajadores. Como contó este diario, la semana pasada trasladaron por escrito la lista de afectados por la reducción de puestos sindicales.
Este miércoles los tres integrantes del consejo de liquidación se reunieron con el comité en espera de una respuesta oficial que no llegó. La presidenta del comité, Salut Alcover, trasladó al trío de representantes de la empresa que no iban a contestar a la propuesta de reducción, que ha sido formulada de forma unilateral y sin haber buscado ni siquiera un acuerdo. Los representantes de los trabajadores entienden que se trata de una medida ilegal que se adopta con fines electoralistas, a las puertas de los comicios autonómicos.
La lista de señalados para el despido incluye a cuatro representantes de Intersindical Valenciana, otros cuatro de CC OO, dos del CSI·F, otros tantos de USO y sendos representantes de UGT y CGT. Esto es, la mitad de los representantes sindicales que permanecen en la empresa, dado que algunos renunciaron a su puesto por motivos laborales o incluso, caso de José Luis Torró (CSI·F) para convertirse en secretario autonómico de Comunicación del Consell. La legislación laboral establece que ningún representante sindical podrá ser despedido mientras exista un solo empleado en el mismo cometido laboral en el que tiene su puesto el delegado sindical, según explicaron fuentes del comité.
Despidos a 60.000 euros de más
Las secciones sindicales denunciarán en el juzgado los despidos y están totalmente convencidas de que ganarán esos procesos. De hecho, desde uno de los sindicatos hasta han evaluado el coste añadido que para RTVV —esto es, para la Generalitat—tendrían cada uno de esos finiquitos si se declaran, como creen, ilegales. Hablan de unos 60.000 euros extra sobre las indemnizaciones previstas, que habría que multiplicar, según estas fuentes, por catorce. Unos 840.000 euros más que sumar al coste del ERE de extinción de la radiotelevisión pública valenciana.
