A las 9 de la mañana del 23 de febrero de 2012 una veintena de policías capitaneados por el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco entraban el la dirección general de Cooperación, de la extinta Conselleria de Solidaridad, y se llevaban detenidos a varios altos cargos y abundante documentación, entre ellos expedientes de los proyectos investigados en el caso Blasco. Se llamó la «Operación Oswald» y en ella también acabaron entre rejas empresarios y varios presidente de ONGD.
La Conselleria de Bienestar Social asegura que fue en esta operación cuando los documentos que requiere ahora la juez desaparecieron de las dependencias de la administración autonómica. Lo que se desconoce es por qué la magistrada no tiene esta documentación si fue requisada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía nacional.
Aquella operación policial desarticuló una red de empresarios, falsos cooperantes, políticos y funcionarios que desviaron fondos de la ayuda al desarrollo de los países pobres. En total, unos seis millones de euros.
El expediente desaparecido del hospital de Haití forma parte del gran proyecto por el que la trama se quería apropiar presuntamente de cuatro millones de euros de dinero público. Al final, sólo consiguieron 177.000 euros entregado sin concurso por el conseller Blasco al cabecilla de la red.
