Los abogados de los acusados en el caso Gürtel no están dispuestos a hacer los juicios en la Audiencia Nacional. Los letrados han comenzado a comunicar a sus clientes que no pueden cerrar sus despachos en Valencia durante seis meses para dedicarse en exclusiva a defenderlos en las vistas en Madrid. En principio, solo se va a juzgar en Valencia la pieza de Fitur. El TSJ remitió hace dos semanas a la Audiencia Nacional la pieza de los contratos de la Generalitat con la trama y ayer volvió a hacer lo mismo con las de la financiación ilegal del PPCV y la de los delitos fiscales de la trama. La sala comunicará probablemente la próxima semana que tampoco puede seguir instruyendo la pieza de la sonorización de la visita del Papa, que es la única que todavía no está cerrada. La razón que esgrime el TSJ es que al haber dimitido como diputados los acusados que estaban aforados ha dejado de ser competente. En el caso de la financiación, los aforados eran Ricardo Costa y Yolanda García. Los dos dimitieron el 2 de enero.
Los letrados llevaban semanas preocupados por la posibilidad de que la causa pasara a Madrid porque carecen de infraestructura para afrontar los juicios. Algunos ya han comunicado a sus clientes que no van a seguir con su defensa y otros letrados asumen que sus defendidos no tienen capacidad económica para pagar su trabajo en Madrid después de haber estado años abonando minutas de miles de euros.
El juez instructor del caso Gürtel, José Ceres, dividió la causa en seis piezas por la dificultad de afrontar todo el caso a la vez y para agilizar las pesquisas. La pieza 1 y 2 están centradas en la financiación ilegal del PPCV, la 3 en las adjudicaciones del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur, la 4 en la sonorización de la visita del Papa, la 5 en los contratos del Consell con las empresas de Correa y la 6 en los delitos fiscales de la trama. Las seis piezas se van a juzgar en cuatro juicios.
El primer juicio es el de Fitur y arrancará el próximo 31 de marzo en el TSJ de Valencia. La sala recuerda en el auto que emitió ayer para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional que en el caso de Fitur había abierto juicio oral antes de la dimisión como diputadas de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such.
Los otros tres juicios serán en la Audiencia Nacional, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante el Supremo para que se celebren en el TSJ de Valencia.
En las vistas que se tienen que celebrar en la Audiencia Nacional hay más de sesenta imputados valencianos, entre ex dirigentes del PPCV y ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat Valenciana. La previsión es que los juicios duren varios meses „los letrados calculan que solo el de la financiación necesitará 6 meses„ y la capacidad económica de los procesados está en el límite. Fuentes jurídicas explicaron que un abogado puede cobrar 20.000 euros por cada mes de asistencia casi diaria a un juicio en Valencia. En el caso de que la vista se celebre en Madrid, la cifra se multiplica. Esteban Cuesta, imputado en Emarsa, tuvo que recurrir a un abogado de oficio tras abonar 200.000 euros a su letrado tras quedarse sin liquidez a mitad del proceso. La ex presidenta de las Corts Milagrosa Martínez „que se enfrenta a 11 años de cárcel„ ha sufrido una situación similar.
