El presidente la Generalitat y candidato del PP, Alberto Fabra, seguirá aplicando sus líneas rojas contra la corrupción a pesar de que la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada ayer por el Gobierno le ha abierto una vía para suavizar sus posiciones. Las directrices marcadas por el presidente implican echar aquellos altos cargos que se encuentran imputados en un procedimiento judicial por supuestos delitos de corrupción al margen del momento en que se encuentre esta imputación. Es decir, aunque sea sólo en una fase iniciaria. Estas líneas rojas han dejado fuera de la administración a altos cargos que incluso después han sido desimputados. En el caso de los diputados y resto de cargos electos, el jefe del Consell considera que deben irse cuando el juez abra juicio oral. También ha dado instrucciones para que ningún imputado vaya en listas.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de reforma de la LECrim, que limita la instrucción judicial a 6 y 18 meses y sustituye el término imputado por «investigado» en la fase de instrucción, que pasará a denominarse «encausado» tras el auto formal de acusación. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, indicó que el término «investigado» es más coherente con la fase de investigación y permite «fortalecer la presunción de inocencia que lógicamente debe acompañar a cualquier ciudadano antes de una condena».

Siguiendo estas directrices, Fabra podría haber optado por suavizar su línea roja y haberla situado en la fase del procesamiento (juicio oral), tal como le piden muchos dirigentes de su partido. Un opción que también prefiere Génova. Sin embargo, fuentes del Palau aseguraron que «el cambio de nombre no afecta al espíritu de las líneas rojas, esto es la defensa en la ejemplaridad del político». «Imputado o investigado, los altos cargos deberán irse si es por corrupción», insistieron.

Fabra ha aplicado su máxima también en las listas, si bien en la relación de alcaldables de los municipios de más de 20.000 habitantes ratificados ayer se le coló un candidato investigado por varios delitos relacionados por su gestión. Se trata del exalcalde de Alboraia, Manuel Álvaro, quien ha encargado un informe jurídico para justificar que su candidatura a la alcaldía por el PP «no cruza la línea roja» impuesta por su partido para los cargos públicos. El autor del informe, el letrado Manuel Ruiz Sancho, se pregunta si «debe considerarse al señor Álvaro como imputado por corrupción política» y si dicha imputación «constituyera un impedimento para ser candidato». Su respuesta es que «no puede ser considerado como imputado en sentido técnico». No lo es porque, contra Álvaro «se ha pronunciado una denuncia y posteriormente una querella, lo que se le ha notificado a los efectos de ejercitar su derecho de defensa, pero no existe ninguna acusación del Ministerio Fiscal ni tampoco la apreciación del juez de que existan indicios racionales de que el señor Álvaro haya cometido hecho punible».

Fuentes jurídicas consultadas señalaron que «efectivamente, Álvaro no es técnicamente un imputado, porque las actuaciones abiertas contra él se inician tras sendas querellas particulares. La Fiscalía las traslada al juez, e incluso le acusa y pide más pruebas. Pero al no haber una iniciativa fiscal, Manuel Álvaro no tiene la figura de imputado, aunque sí la de querellado». De hecho, Álvaro fue citado a declarar como «querellado».