Los acusados del caso Fitur piden la suspensión del juicio

Este martes ha arrancado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el juicio por la pieza 3 del caso Gúrtel, en la que hay 13 personas acusadas, entre ellas, dos exconselleras del equipo de gobierno de Francisco Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such.

El juicio ha comenzado con cuestiones previas, y las defensas de los acusados han insistido en solicitar la suspensión y retroacción de las actuaciones. En concreto, el letrado Juan Carlos Navarro, que representa al acusado Francisco Correa, considerado principal cabecilla de la trama, ha asegurado que en el momento en el que se elaboraron los escritos de defensa, los letrados no disponían de toda la prueba que obra en la causa -documentos y prueba pericial--.

Ha expuesto que desde noviembre de 2014 obra en Madrid, en la Audiencia Nacional, donde se instruye el grueso del caso Gürtel, una documentación intervenida en las entradas y registros a diferentes domicilios que previamente han estado en manos de la Agencia Tributaria y de la Policía.

A estos papeles también ha tenido acceso el ministerio fiscal, pero no las defensas que no están personadas en Madrid, lo que les ha generado "indefensión". "Se nos está privando del derecho de contradicción. Lo que ocurre en Madrid, es otra historia", ha aseverado el letrado, al tiempo que ha alegado: "hay desigualdad de armas procesales".

Esta actuación afecta directamente, según ha mantenido, a la vulneración de los derechos fundamentales. Por este motivo, ha solicitado la suspensión del juicio para conseguir que se celebre en el tiempo una vista "con todas las garantías". También se ha referido a nulidad de escuchas y a detenciones irregulares por exceder el plazo legalmente previsto -más de 72 horas--.

El resto de abogados de acusados se han adherido a estas manifestaciones y, en concreto, el de la exconsellera y actual alcaldesa del PP de Novelda, Milagrosa Martínez, ha señalado que consideran que se les ha generado indefensión por no haber tutela judicial efectiva y un proceso con todas las garantías. "No hemos podido traer las pruebas pertinentes", ha alegado el letrado José María López Coig.

"Debe parecerlo"

En relación con otras cuestiones previas planteadas, la letrada de Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', ha manifestado vulneración de un proceso público con todas garantías que implica un juez imparcial. A este respecto, ha señalado que los tres magistrados que juzgan Fitur ya se han pronunciado sobre numerosos recursos de los acusados y sobre el auto de procesamiento de esta pieza, con lo que podría estar contaminado. Ha dicho que "no solo el tribunal debe ser imparcial, sino que además debe parecerlo". Esta misma abogada ha aclarado que lo que el tribunal valenciano llama "trama valenciana de Gürtel, yo digo empresarios de Madrid y Valencia".

Por otro lado, Miguel Durán -ex director general de la ONCE--, letrado de otro de los presuntos cabecillas de la trama, Pablo Crespo, ha lamentado que su defendido lleve más de seis años "queriendo ser juzgado", pero ha apostillado que "tiene derecho a que se le juzgue con todas las garantías que establece la ley".

El letrado de Crespo, quien ha puntualizado que por su parte no ha existido intención dilatoria del proceso, ha cuestionado también la imparcialidad de uno de los magistrados del tribunal, Juan Climent, por "haber estado en el gobierno" del socialista Joan Lerma, junto al actual secretario general del PSPV, Ximo Puig, quien es querellante ahora. "No sabemos cuál ha acabado siendo la relación entre Climent y Puig estos años", ha defendido. Así, ha lamentado que éste un juicio con tintes políticos.

Por su parte, el ministerio fiscal, en su turno, ha solicitado una nueva declaración testifical, la del extrabajador de Orange Market Juan Carlos Rincón, cuya intervención tuvo relevancia en la feria de turismo de la Comunitat, según ha expuesto. Así mismo, ha pedido que se mantengan otras testificales, entre ellas, la del exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas.

Todos quieren que empiece el juicio

A su llegada al TSJ, Milagrosa Martínez, actual alcaldesa de Novelda, expulsada ayer del PPCV, y para quien la Fiscalía pide penas de once años de prisión, ha asegurado que "no voy a dimitir" y que "confío en la justicia". Por su parte, Pablo Crespo, número dos de la trama, se ha defendido afirmando que "soy un empresario normal" y que "tenía ganas de que empezara el juicio". En este sentido, ha explicado que "no he visto en mi vida a nadie del Consell de Camps, ni conozco a Milagrosa Martínez" y cargado contra la Udef por "hacer informes falsos".

También, Francisco Correa, líder de la red Gürtel, se ma mostrado "tranquilo" aunque es "la primera vez que me siento en el banquillo". Correa ha calificado de "barbaridad" los 10 años de cárcel que ha solicitado el fiscal.

El juicio que acogerá el Palacio de Justicia arranca con un año de retraso, ya que la dimisión como diputadas de las dos exconselleras a pocos días de la fecha inicial del proceso generó un conflicto de competencias que llevó finalmente al Supremo a decretar que lo juzgara el TSJCV, pues la renuncia al fuero se produjo cuando ya se había dictado la apertura de juicio.

Según el calendario establecido, los dos primeros días se dedicarán a las cuestiones previas, mientras que los acusados declararán del 10 de abril al 15 de mayo, coincidiendo con la precampaña y la campaña electoral.

En el banquillo de los acusados se sentarán dos exconselleras de Turismo: Milagrosa Martínez, durante cuyo mandato se adjudicaron los primeros contratos investigados, actual alcaldesa de Novelda, expulsada ayer del PPCV y quien pedirá la nulidad del juicio por indefensión, y Angélica Such, que continuó las adjudicaciones. También están procesados cinco empleados públicos, entre ellos el jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret, quien ya fue condenado en la "causa de los trajes" así como seis responsables y empleados de la trama Gürtel, entre ellos los supuestos cabecillas, como Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez "El Bigotes", Cándido Herrero e Isabel Jordán.

La Fiscalía pide penas de once años de prisión para la exconsellera Milagrosa Martínez, su jefe de gabinete, Rafael Betoret, y el número dos de la trama, Pablo Crespo; de diez años de cárcel para Francisco Correa y Álvaro Pérez "El Bigotes", o de nueve años de inhabilitación para la exconsellera Angélica Such. La vista llega seis años después de que, al inicio de la operación Gürtel por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dos funcionarios de Justicia se personaran en la Conselleria de Turismo para buscar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) con Orange Market -la filial valenciana de la trama- sobre Fitur.

Según la investigación, hay indicios de que Orange Market, encargada de "la mayor parte" de actos del PPCV, se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, pese a que sus ofertas eran las más caras y no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias. Según la Fiscalía, el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel en esta "irregular actividad contractual" supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron "ilícitos beneficios" por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.