El erario público se ahorrará, ya de entrada, 3.242.000 euros y quien resulte elegido presidente de la diputación evitará un dolor de cabeza, en el caso de que sea otra persona distinta a Rus la que esté al frente de la institución provincial después de las elecciones. Porque La Dipu TV ha sido fundida a negro antes de empezar sus emisiones. La mesa de contratación ha declarado desierto el concurso de adjudicación de ese servicio de televisión por doce meses, prorrogables a otros seis, según informaron fuentes empresariales conocedoras del procedimiento.
No corren tiempos propicios para que los funcionarios y técnicos firmen en documento público. No han rubricado la concesión al entender que ninguna de las dos ofertas cumple los requisitos del pliego de condiciones. Otras fuentes consultadas indicaron que técnicos de la casa siguen albergando dudas sobre la legalidad de un contrato televisivo que podría exceder las competencias de la diputación, como sostienen el PSPV y Compromís. Rus defiende que no es una televisión sino un contrato de servicios audiovisuales dentro de sus competencias. Las objeciones de los funcionarios podrían explicar que se hayan tumbado las dos ofertas: Beovisión, que era adjudicataria de forma provisional, y Mediterráneo TV, que pertenece a las tres diócesis valencianas y al empresario José María Mas Millet.
El caso es que no se emitirán bous al carrer, ni pilota, ni folclore, ni el tiempo, ni bandas de música ni «lo que pida la gente», en palabras de Rus pronunciadas durante la rueda de prensa convocada el 18 de noviembre para explicar todos los detalles del que iba a ser su proyecto estrella de final de legislatura.
Impugnación y primer retraso
Beovisión, presidida por Ángel Raga, ganó inicialmente el contrato. Esta empresa del grupo Mecomlys, al que pertenece Canal 7 Televalencia, mejoró en 4.500 euros la oferta presentada por Mediterráneo TV. Eran las dos únicas que podían optar, dado que se requería tener disponible una licencia autonómica de TDT por la que difundir una programación de alcance provincial. Los técnicos del órgano de contratación requirieron, una vez evaluadas las ofertas económicas, la aportación de toda la documentación acreditativa del cumplimiento del pliego. Se abrió entonces un plazo que expiraba el 30 de marzo para que Beovisión consolidara la adjudicación. Antes de que expirara ese plazo y de conocer si la documentación aportada era suficiente, Rus tomó la decisión de aplazar la puesta en marcha de la televisión provincial hasta después de elecciones. Entendía que no había tiempo para arrancar.
Los tiempos se habían consumido por exigencias procedimentales y por la impugnación del PSPV y Compromís. La presentación de estos recursos en los que se denunciaba que la diputación carece de competencias para poner en marcha una televisión obligó a Rus a trasladar la fecha prevista de inicio de emisiones del 1 de enero a «el día de San Valentín».
Con todo, Alfonso Rus tenía la intención de atar la adjudicación para arrancar la nueva legislatura con la televisión ya en marcha o, en caso de no revalidar el cargo, dejar una herencia envenenada a la izquierda. Entendía Rus que en caso de pasar a la oposición, haber adjudicado la televisión podía ser una forma de invertir para que se dispensara un mejor trato al PP en ese medio. La misión ha fracasado.
