La Audiencia Provincial de Valencia se ha declarado competente para juzgar al hermano del expresidente de Emarsa, Carlos Crespo, por blanqueo de capitales, de forma que rechaza enviar esta pieza separada del conocido como Caso Emarsa a la Audiencia Nacional.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juicio se reanudará (empezó el pasado 27 de marzo) el próximo 22 de mayo en la sección tercera de la Audiencia de Valencia.

En la primera sesión del juicio, dedicada a cuestiones previas, la Fiscalía y la defensa de Carlos Crespo, hermano del expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, solicitaron, contra el criterio de la Abogacía de la Generalitat y la EMSHI, que la pieza del caso Emarsa por blanqueo fuese juzgada por la Audiencia Nacional.

En fase de instrucción se concluyó que Carlos Crespo ocultó en "lugar ignorado" en España dinero de su hermano Enrique "proveniente de hechos penalmente relevantes" entre 2004 y 2008, e incluso aquél transportó personalmente parte del dinero a Andorra en 2007.

Así, el Ministerio Público defendió que fue en Andorra donde se cambió la titularidad del dinero y donde éste, propiedad de Enrique Crespo y obtenido de forma delictiva, regresó al tráfico mercantil.

Frente a esta posición se pronunciaron tanto el abogado de la Generalitat como la de la EMSHI, que defendieron la competencia de la Audiencia Provincial por considerar que el delito de incorporación patrimonial de los fondos que Carlos recibió de Enrique Crespo se consumó de forma progresiva en Valencia.

En un auto, el magistrado Carlos Climent, ha expuesto como razonamientos de su decisión algunos de los argumentos expuestos por el abogado de la Generalitat y la de la EMSHI relativos a la supuesta colaboración de Carlos Crespo para ocultar el dinero que su hermano Enrique le facilitaba, la contratación de cajas de seguridad o diversas operaciones inmobiliarias que, por su cuantía, resultan sospechosas, al exceder notablemente sus retribuciones.

Por este motivo, y dado que no hay nuevo material de enjuiciamiento, el juez, al igual que las acusaciones particulares, considera que hay indicios suficientes para sostener que una parte de los actos de blanqueo de capitales se realizaron en territorio español.

La sala, además, se ha opuesto a la petición de la defensa de Carlos Crespo para que el juicio se suspendiese hasta que esté resuelta la pieza principal de Emarsa, en la que se investiga el supuesto saqueo de al menos 23 millones de euros de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo,

En su escrito la rechaza porque "el delito de blanqueo no necesita una previa declaración judicial acerca de que el dinero blanqueado procede de un determinado delito".

El juicio se ha señalado para el 22 de mayo, en lugar del 24 de abril -fecha inicialmente elegida- por un error de la sala, que no registró esa fecha.