Un total de 21 altos cargos y empresarios, entre ellos el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el vicepresidente José Císcar y los exconsellers Gerardo Camps y José Manuel Vela, avalaron en su calidad de consejeros de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) el acuerdo por el cual la Generalitat asumió a través de la empresa pública el pago del canon anual a Eclestone por la organización de la Fórmula 1. Este acuerdo constituyó, en palabras del fiscal que presentó la querella contra el expresidente Francisco Camps, la exconsellera Dolores Johnson y el piloto Jorge Martínez Aznar por malversación de caudales públicos, el «segundo rescate» con fondos públicos a favor de Valmor, la firma privada que debía correr con los gastos y la organización del Gran Premio. El primer rescate fue cuando otra firma pública (Circuito de Motor) asumió sin contraprestación los gastos de organización.
El fiscal considera al expresidente Francisco Camps el «ideólogo» de la Fórmula 1 y el muñidor prácticamente en solitario de los acuerdos con el magnate Bernie Ecclestone. «La única persona de la Generalitat que negoció y decidió sobre este tema fue Francisco Camps», afirmó en su querella. Varios testigos interrogados por la fiscalía parecen apuntalar la tesis de que el exjefe del Consell daba las órdenes y los demás las ejecutaban, si bien el TSJ tiene ya en su poder alguna documentación que evidencian que muchas personas estaban al tanto de las decisiones, si bien es cierto que a posteriori. Al menos eso ocurrió con el acuerdo de 31 de julio de 2009 entre Valmor y la SPTCV por el cual la firma pública se mostraba dispuesta a convertirse en copromotor del evento asumiendo el pago del canon. Como consecuencia, Ecclestone y Valmor modificaron su contrato inicial de forma que la Generalitat «paso a formar parte del contrato en todos sus aspectos administrativos de manera solidaria». El consejo de administración de la SPTCV avaló esta decisión ocho meses después, según consta en el acta del consejo que tuvo lugar el 31 de marzo de 2010. A esta reunión, celebrada en la sede de Conselleria de Hacienda, asistieron «personalmente» trece personas, entre ellas, el vicepresidente del Consell, Gerardo Camps, en calidad de presidente del consejo, Gerardo Camps; el exconseller José Manuel Vela, entonces alto cargo de Hacienda; y José Císcar, hoy vicepresidente del Consell y entonces diputado autonómico. La lista de los 13 asistentes la completaban otros altos cargos y empresarios, como Vicente Boluda o Rafael Benavent. Además, el acta recoge la existencia de ocho consejeros representados por el presidente Gerardo Camps, un lista que incluye a Fabra, en calidad de alcalde de Castelló y a Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante, entre otros cargos y empresarios. Estos ocho consejeros no asistieron a la reunión, pero tenían su voto delegado en Gerardo Camps. De hecho, otros cuatro consejeros excusaron su asistencia. Fueron Carlos Fabra (expresidente de la Diputació de Castelló), Joaquín Ripoll (presidente de la diputación de Alicante) y los empresarios Juan José Gimeno y José Roca.
El papel ha llegado al TSJ después de que lo reclamara la jueza que asumió la causa tras admitirse a trámite la querella del fiscal. Se trata de una documentación que hasta ahora la Generalitat no había entregado a la fiscalía. De hecho, los documentos claves relacionados con la Fórmula 1 han ido conociéndose a cuenta gotas. En el caso de la SPTCV, la Conselleria de Hacienda certificó al PSPV que no existía ningún acta que avalara el contrato de fecha 19 de julio de 2011 sobre la prórroga de las ediciones en Valencia del Gran Premio de Fórmula 1, un acuerdo por el que Proyectos Temáticos se convirtió en avalista de Valmor en sustitución de Bancaja. En su respuesta a la socialista Eva Martínez la conselleria no hizo mención alguna al acta del 31 de marzo de 2010 en el que el presidente Fabra aparece en la relación de consejeros representados. En esta reunión, tomó la palabra el entonces director general de la sociedad, Nicolás Figueras, para informar que «por decisión del Consell», la SPTCV asumió en el 2009 su participación en la Fórmula 1 «tras la celebración exitosa del primer Gran Premio en 2008». Al convertirse en promotor, explicó Figueras, la Generalitat a través de la SPTCV adquiría obligaciones económicas (el pago del canon y en caso de impago el pago de intereses e indemnizaciones y obligaciones administrativas (la gestión de licencias y autorizaciones para la celebración). A continuación se recoge que «por parte de los consejeros se ratifica por unanimidad la firma de los anteriores documentos» y se autoriza al director general para «la realización de todas las gestiones necesarias para los organismos implicados en el evento, así como suscribir cuantos documentos sean necesarios para su buen fin».
El acta, en el que podría apoyarse Camps para demostrar que las decisiones fueron ratificadas por el consejo de la SPTCV, no tiene en la práctica consecuencias para Fabra (su voto era delegado, por lo que no tendría responsabilidad jurídica en el acuerdo), si bien revela cómo nadie en su día puso pegas a un proceso que culminó, la legislatura siguiente y ya con Fabra como presidente del Consell, con la compra de Valmor, una operación ruinosa que supuso a la Generalitat asumir un agujero de 45 millones. Al menos que se sepa, ninguno de los 21 consejeros (ni los presentes ni los representados) pusieron pegas ni antes ni después al acuerdo del 31 de marzo de 2010.
