Compromís ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa abierta a raíz de la Operación Púnica la información relativa a los vínculos contractuales entre la Generalitat Valenciana y dos de las empresas involucradas en la presunta trama de corrupción a escala nacional que salpica a diversos ayuntamientos y comunidades autónomas.
El diputado Fran Ferri aireó ayer el contenido de una respuesta parlamentaria suscrita por el conseller de Hacienda que revela adjudicaciones entre 2011 y 2014 de las consellerias de Sanidad y Agricultura, Pesca y Alimentación con Cofely España, filial del gigante energético GDF Suez, así como contratos en 2011 de las consellerias de Educación y Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda con EICO Online Reputación Management, la firma del empresario señalado como uno de los «conseguidores» de la trama, el valenciano Alejandro de Pedro. Cuando saltó el escándalo y se produjeron las primeras detenciones, a finales de 2014, Compromís pidió a la Generalitat tener acceso a los expedientes de contratación menor formalizados con las diferentes empresas de la trama apuntadas por la Audiencia por el supuesto pago de comisiones a alcaldes y cargos públicos. Inicialmente, el Consell negó la información escudándose en que la Intervención precisaba del número de identificación fiscal de las citadas mercantiles para poder ofrecer una respuesta.
Con posterioridad, Fran Ferri registró una nueva pregunta en las Corts, en cuya contestación el conseller de Hacienda se circunscribe a afirmar que la Generalitat contrató a la empresa Cofely de 2011 a 2014 y a Eico en 2011. En el escrito dirigido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso este diario, el diputado subraya que el Consell sigue sin facilitar «ni la copia ni los diferentes expedientes de contratación ni el importe o el concepto del contrato» a pesar de que la formación cursó una petición para acceder a dicha documentación. Ferri pone en conocimiento del juez la respuesta que acredita las relaciones comerciales entre la administración valenciana y las sociedades implicadas en la trama «dado que los vínculos entre estas empresas y las administraciones públicas están siendo objeto de investigación penal», con la intención de que la información se una a las diligencias de la causa.
Compromís pide saber el coste
Ferri acusa al Consell de «retrasar» la entrega de información y de «ocultar» el coste de los contratos con las empresas de la trama, circunstancia que, según el diputado, «hace sospechar que podemos estar hablando de cifras escandalosas». Ferri también pide que se investiguen las contrataciones de las consellerias en 2011 —año electoral— con EICO, empresa creada por De Pedro, el «conseguidor» que según la instrucción habría mediado entre cargos públicos y empresas como Cofely a cambio de obras.
