La Generalitat ha tenido que hacer frente en sus presupuestos de 2015 a pagos por valor de un millón de euros para saldar deudas pendientes con empresas privadas que prestaron en su día servicios a la administración al margen de la ley de contratos. En concreto, el Consell de Alberto Fabra adoptó un acuerdo el pasado dos de abril por el que se autoriza la aprobación de seis expedientes de enriquecimiento injusto con cargo al presupuesto de la Generalitat de 2015 y fruto de las «obligaciones contraídas en ejercicios anteriores con diferentes empresas». En total, la cantidad adeudada asciende a 1,3 millones de euros. El acuerdo, que lleva la firma del vicepresidente del Consell, José Císcar, indica que las resoluciones por enriquecimiento injusto vienen justificadas «por la necesidad de atender el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas» como consecuencia «de los servicios prestados por las diferentes empresas que han actuado de buena fe, no resultando necesario proceder a la declaración formal de nulidad de los expedientes relacionados en el anexo».
Todos los expedientes relacionados están adscritos a la Conselleria de Gobernación y Justicia.
La relación de expedientes incluidos en el citado anexo hace referencia a servicios prestados por contratistas habituales de la Administración. De hecho, llama la atención que en su día quedaran sin cobertura legal contratos tan previsibles como la gestión del teléfono de emergencias 112. Así, la empresa semipública Tissat recibirá 54.000 euros por prestar durante ocho días más de lo contemplado en su adjudicación el servicio de explotación tecnológica y del mantenimiento del sistema de CoordCom G5 de gestión de emergencias y comunicaciones de 112 correspondiente al período que media entre el día 1 al 8 de diciembre de 2013. Por su parte, el resarcimiento a Mk PLAN21, adjudicataria del teléfono de emergencias, asciende a 869.000 euros, y ello como consecuencia de que estuvo prestando durante dos meses este servicio de forma irregular. Tanto la gestión de la explotación tecnológica, como la atención telefónica son concursos predecibles en la Administración valenciana, si bien es cierto que a lo largo de la historia los procesos de adjudicación no han estado exentos de recursos.
Los otros cuatro expedientes tiene que ver con servicios prestados en el ámbito de la Justicia durante varios años. Así, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas incurrió en enriquecimiento injusto a favor de Abbot Laboratories, SA por el servicio de suministro de material sanitario en los Institutos de Medicina Legal de la Dirección General de Justicia, durante varios años por valor de 116.ooo euros. Por el suministro de folios para los órganos judiciales, la Generalitat pagará 161.000 euros a El Corte Inglés; Transvía recibirá 81.000 euros por los servicios de taxi y la empresa Benibus será compensada por 2.000 euros por el mismo concepto.
