El Real Decreto que regula el traslado de residuos entre autonomías que acaba de publicar el Gobierno permitirá que las incineradoras puedan importar basuras urbanas de otras regiones si su capacidad de tratamiento supera a los residuos que le llegan de su zona de influencia. Así pues, la nueva normativa estatal abre la puerta a la construcción de macroincineradoras en un momento en el que el final del precio bonificado de la generación de energía «ha convertido en inviable a la incineración», alerta el diputado autonómico socialista responsable de Medio Ambiente, Francesc Signes.
El portavoz del PSPV estima que tras el cambio de las tarifas eléctricas, «incinerar una tonelada de residuos urbanos cuesta unos 130 euros, una factura que ninguna Administración se atreve a cargarle al contribuyente». Signes considera «un despropósito» que se alienten las grandes incineradoras «para hacer rentable este método de eliminación de residuos», en lugar de fomentar la recogida selectiva y el reciclaje. Además critica que «más del 70 % de la basura de los municipios valencianos acabe en los vertederos y solo se recupere el 30%, cuando lo óptimo debería ser al revés».
El último Plan Integral de Residuos (PIR) de la C. Valenciana, aprobado por el Consell de Alberto Fabra el 21 de junio 2013, contempla al menos tres incineradoras para dar salida al rechazo de las basuras urbanas ante la previsión de que la capacidad de los vertederos se colmate a partir de 2018 o 2020. Dos años después, nada se sabe de dichas instalaciones.
La nueva regulación del movimiento de residuos entre autonomías publicada el pasado martes, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, «garantiza el principio de unidad de mercado, estableciendo documentos estandarizados y únicos para todo el territorio del Estado».
El departamento de la ministra Isabel García Tejerina, destaca que «introduce nuevos instrumentos para mejorar la trazabilidad y el control de los residuos, como el contrato de tratamiento y el documento de identificación, que acompaña al residuo durante su traslado y cumple, asimismo, la finalidad de servir de acreditación documental de la entrega a la instalación de destino para su tratamiento».
Además, en el caso del traslado de residuos peligrosos y de residuos destinados a la eliminación en vertederos y la incineración, las autonomías receptoras deberán ser informadas con 10 días de antelación con el fin de dar su visto bueno.
Prima el criterio de proximidad
El decreto destaca que «en el plazo máximo de 10 días» la autonomía de destino «podrá oponerse al traslado» si el vertedero receptor «no es el más próximo al lugar dónde se generó el residuo». También podrán rechazar la llegada de «residuos domésticos mezclados» procentes de otras regiones.
En el caso de los residuos sólidos urbanos destinados a la incineración, las autonomías receptoras «podrán alegar como causa de oposición» que la importación de desechos le obligue a derivar su propia basura a vertederos. Es decir, que si la capacidad de la incineradora es mayor que los residuos urbanos de su zona, nada impedirá que queme el rechazo de otras regiones. El reglamento de traslados entrará en vigor el 7 de mayo pero las autonomías tendrán un año más para aplicarlo a los movimientos internos de los residuos de su territorio.
La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos (Asegre), principal patronal nacional del sector al sumar sus 40 firmas asociadas el 70 % de la capacidad de tratamiento de residuos peligrosos e industriales de España, considera «positivo que se homogeneice en todo el Estado el reglamento de traslado de residuos y la trazabilidad „identificar su origen, tratamiento y destino final„ de los mismos se amplie a todo tipo de residuos, sean peligrosos o no», explica Luis Palomino, secretario general de Asegre.
Palomino espera que el decreto «acabe con las malas prácticas de clasificar como no peligrosos a los residuos que sí lo son con el fin de escapar de los controles». Por ello defiende que para que la norma «sea efectiva es muy importante que las autonomías destinen más recursos y medios para controlar los movimientos de residuos».
Entre las malas prácticas que denuncia el portavoz de Asegre, además de la desclasificación fraudulenta de residuos peligrosos, está «el derivar residuos industriales a depuradoras de aguas urbanas o su vertido ilegal en canteras, minas o en el campo». Una casuística al alza desde 2008 con motivo de la crisis ante el intento de algunas industrias de ahorrar costes.
