Representantes sindicales y trabajadores del sector del transporte sanitario se han concentrado hoy frente al Palau de la Generalitat para pedir al Gobierno valenciano que se implique y tome medidas para resolver el actual "bloqueo" del convenio colectivo de ambulancias de la Comunitat.
La protesta, en la que ha participado un centenar de personas, ha sido convocada por UGT PV y CCOO PV, que reivindican un convenio "justo y digno" y con unas condiciones de trabajo que se ajusten a las "obligaciones y responsabilidades" del trabajo que se desarrolla en este sector, según han informado fuentes sindicales.
Según las fuentes, en el sector del transporte de ambulancias de la Comunitat Valenciana hay actualmente alrededor de 2.500 trabajadores, de los que 1.500 prestan el servicio a la Conselleria de Sanidad y el resto a empresas privadas.
La Conselleria de Sanidad adjudicó en enero de 2014 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ambulevante, SL -constituida por 19 firmas- la gestión del servicio de todas ambulancias de la Comunitat Valenciana por 235,7 millones de euros.
Los sindicatos afirman que desde el inicio de las negociaciones del convenio, la patronal ha mantenido una posición "muy distante de las necesidades reales" del sector y de los trabajadores, con unas "pretensiones inasumibles por parte de las organizaciones sindicales, ya que su objetivo prioritario es la reducción salarial".
Según afirman, un ejemplo de esta "nula voluntad negociadora" es que antes de la adjudicación estas empresas "impulsaron inaplicaciones salariales y congelación de la antigüedad".
Además, una vez aprobada la concesión "han pretendido mantener los beneficios a costa del salario de los trabajadores, quienes realizan, en muchos casos, jornadas superiores a 240 horas mensuales para poder tener un salario digno".
También denuncian que para ahorrar costes salariales, "muchas empresas están utilizando la figura del contrato en prácticas, o directamente estudiantes en prácticas, que realizan labores que debería hacer personal cualificado y experimentado".
"Al amparo de la reforma laboral que lo permite, la mayoría de las empresas que forman parte de la patronal están firmando convenios propios en condiciones muy inferiores al convenio sectorial autonómico, mermando considerablemente la calidad del empleo", aseguran CCOO y UGT.
Así, señalan que la patronal propone la supresión del antigüedad, la congelación salarial para los años 2014 y 2015, el incremento del 0,85 % del IPC para el año 2016 y la reducción salarial para los trabajadores con antigüedad.
Los sindicatos han acusado a la Conselleria de Sanidad de "no intervenir" y de "pasar a ser copartícipe, de este modo, en el grave perjuicio que se está ocasionando a la asistencia sanitaria, y por lo tanto al consumidor, que sufre directamente el deterioro en la prestación de un servicio público esencial convertido en negocio y en el que priman, ante todo, los intereses empresariales".
También han denunciado que las plantillas están pagando "la complicidad entre la patronal del sector y la Conselleria de Sanidad, que paga a las empresas concesionarias menos por el servicio prestado, que por su parte mantienen sus beneficios repercutiendo sobre los trabajadores lo que dejan de percibir".
Los sindicatos han manifestado su disposición de retomar las negociaciones, pero advierten de que "nunca la premisa de reducir unos salarios que ya son muy bajos, sino en un marco que permita atender las necesidades de los trabajadores y de las empresas del sector".
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanidad han informado a EFE de que se adjudicó la contratación del servicio a esta UTE por ser la oferta que ofrecía las "mejores condiciones técnicas y económicas" y lo que se negocia es el convenio colectivo entre la empresa y los trabajadores.
Según Sanidad, el contrato con esa UTE "está limitado por la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas" y la Consellería "no es competente en la negociación de la empresa con sus trabajadores", aunque apelan al "buen entendimiento entre ambas partes".
