A la infrafinanciación crónica de la C. Valenciana se añade la deslealtad institucional del Estado con respecto a las autonomías. Lo desveló ayer el director general de Tributos de la Generalitat, Vicent Peiró, en el acto celebrado en la Universitat Politècnica de València en el que el economista y técnico del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Vicent Cucarella, presentó su libro, «El finançament dels valencians. De la submissió al canvi necessari». Cucarella desgranó las cifras del agravio valenciano y, al respecto, insistió en que la C. Valenciana debería recibir cada año del Estado entre 7.000 y 8.000 millones más de los que aporta, cuando, en la actualidad, arrastra una balanza fiscal negativa de 2.000 millones. Pero, en el turno de intervenciones, Peiró desveló un dato desconocido hasta ahora: La exención fiscal aprobada por el Gobierno en favor de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, más conocido como el «banco malo») le costó al Consell 600 millones en impuesto de trasmisiones que dejó de ingresar.
Peiró lo puso como ejemplo de la «lealtad institucional» que impone la ley de financiación de las comunidades (Lofca), que implica que el Estado ha de compensar a las regiones por las decisiones que adopte y que comporten más gasto o menos ingresos a éstas, pero que luego no hay plazos ni exigencias para hacer efectivo este principio. El Gobierno perdonó el impuesto de trasmisiones a la sociedad que absorbió de los bancos y cajas los activos tóxicos inmobiliarios. Un regalo a costa del Consell, que perdió 600 millones en 2013. Según Peiró, el Ejecutivo ha trasladado al Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro la exigencia de compensaciones en el marco del modelo de financiación. Y no únicamente por esto: El Consell ha perdido desde 2009 120 millones, a 24 millones anuales, por la exención en el impuesto en la constitución de sociedades, mientras que la subida del IVA en productos sanitarios le cuesta cada ejercicio 38 millones. En total, hay exigencias de compensación por 758 millones.
La mesa redonda contó con un plantel de lujo: además del propio Peiró, el exconseller de Hacienda José Manuel Vela, que ejerció de moderador, y los miembros del Comité de Expertos sobre financiación pactados por las Corts, Francisco Pérez (director del IVIE), José Antonio Pérez, Rafael Beneyto e Ismael Fernández. Cucarella remarcó que la C. Valenciana «es la única que es pobre y contribuidora» a la caja común, de forma que, pese a estar a 12,3 puntos de la media en renta por habitante, aporta al Estado más de lo que recibe, algo «totalmente ilógico» y «muy injusto». Insistió en que, entre 2002 y 2012, la Comunitat ha contado con una financiación per cápita un 7 % inferior a la media, lo que se traduce en un agravio de 760 millones al año, con los que se podrían construir 200 institutos o dos hospitales La Fe cada doce meses. Desde 2012, ha dejado de ingresar, incluidos los costes financieros, 12.864 millones. Es la llamada deuda histórica.
«Los valencianos, como una piña»
En declaraciones a los medios, Cucarella señaló que, para solucionar este problema, los valencianos «debemos actuar como una piña» e «ir unidos». «El tema de la financiación es una cuestión de Estado, algo que debe estar por encima de la discusión política», aseveró. Su receta para lograr una financiación «justa» pasa por lograr la «equidad horizontal entre comunidades», pero también la «equidad vertical entre niveles de administración».
En este punto coincidió con José Antonio Pérez, para quien la solución «no es pegarnos entre las comunidades por repartirnos las migajas». «Con quien hay que pegarse es con la Administración central», enfatizó. A su juicio, ésta «se ha apropiado de recursos que no le corresponden, detrayéndolos de las corporaciones locales y las comunidades», que son las que gestionan el Estado de Bienestar. «El desequilibro verdadero es vertical».
Para Beneyto, «con la excusa de la crisis, el Gobierno ha iniciado un proceso de recentralización». Francisco Pérez enfatizó el dato de que, tras los recortes aplicados, seis comunidades siguen con niveles de gasto por habitante por encima del que tenía la C. Valenciana en 2008, antes de la crisis, unas cifras que revelan el maltrato financiero. Y Fernández apostó por «una auditoría pública ciudadana» de la deuda.
